Este martes, la Generalitat de Cataluña ha aprobado la creación de un consejo asesor para impulsar un Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, cuyo último objetivo es, esencialmente, redactar una constitución propia para Cataluña.
“En cumplimiento del mandato democrático del referéndum del primero de octubre, ponemos en marcha un instrumento republicano para avanzar de acuerdo con el derecho de autodeterminación”, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una rueda de prensa.
Por medio de esta medida, aseguran las autoridades catalanas, se pretende que el gobierno de Cataluña tenga una orientación clara de lo que quiere la sociedad catalana para que pueda redactar la citada constitución, tomando en consideración la opinión pública catalana.
A su vez, el Gobierno de Madrid ha arremetido duramente contra la citada medida y ha advertido de que emprenderá acciones legales contra la Generalitat si esta decide seguir adelante, además de advertir de las consecuencias.
“De producirse y alterar la legalidad o que se contemple que sea un ataque al Estatuto de Autonomía, a la Constitución o a las instituciones del Estado y de la propia Generalitat, evidentemente el Gobierno actuará”, ha dicho la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —partido gobernante— en el Congreso de los Diputados de España, Adriana Lastra.
Los últimos días, en los que se ha cumplido un año del referéndum independentista de 2017, han estado marcados por un aumento de las tensiones entre los catalanes, que han amenazado con hacer caer al Gobierno central si no ofrece la autodeterminación a Cataluña, y los sectores opuestos, en los que se ha reclamado una nueva intervención de la autonomía regional.
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