A través del decreto 111/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Justicia, Julio Alak, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº 26.842.
El artículo 1° de la norma establece que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación”.
Además, la ley ahora reglamentada parcialmente procura que las víctimas de trata tengan un “primer contacto con profesionales especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes”.
La normativa establece también que “toda víctima reciba información detallada, clara y suficiente” sobre el delito y su situación, además de la garantía de un “alojamiento apropiado” el que se entiende como “un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad”.
La ley también prevé que las víctimas de trata tengan acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y un asesoramiento legal gratuito a cargo del Ministerio de Justicia.
El texto también le da poder al Estado para constituirse como querellante en los procesos judiciales y promueve el funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
