El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, firmó un convenio con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para incorporar los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) al sistema de Consumo Protegido.
Los CAJ servirán como mesas de ayuda para los consumidores que acerquen reclamos y consultas sobre conflictos con empresas comercializadoras de bienes o prestadoras de servicios. El acto fue en el CAJ del barrio de Once, en Avenida Rivadavia 2690.
“Quién hubiese pensado hace 12 años que estaríamos en la situación en la que nos encontramos hoy. El ministerio de Justicia era de la injusticia y el de Economía era el de las multinacionales”, dijo Álvarez. “Ahora estamos trabajando en conjunto para llegar a los lugares donde más se necesita. Tenemos que tomar el camino de la justicia social, de la distribución y el que plantea que la patria es el otro. La Argentina es un país soberano y no vamos a claudicar nunca en la defensa de los derechos de los consumidores”.
Álvarez contó un reclamo de los que pasan por los CAJ, que este año superará el millón de consultas: “Una mujer pudo juntar peso por peso para comprar una heladera en una gran cadena de ventas que ofrece a los clientes llevar el producto hasta sus casas. Pero como esta mujer vivía en un barrio humilde no se lo querían llevar y por eso se acercó al CAJ. Para esto es que la Presidenta de la República creó esta nueva justicia del consumidor”.
“Un sistema para que el consumidor esté protegido”
“No estamos con un sistema contra las empresas, sino con uno para para que el consumidor esté protegido y que las empresas hagan lo que tienen que hacer, que es brindar los servicios en las condiciones que los consumidores pretenden adquirir. La relación desigual entre empresas y consumidores comenzará a darse vuelta y hay alrededor de 120 promotores que serán parte activa de este sistema de resolución de conflictos”, dijo Costa y agregó que la protección que se está dando en los derechos de los consumidores es “un hito que podríamos equiparar con lo que fue la creación de la justicia laboral en los 40’ a partir de la iniciativa de Perón”.
Costa explicó que “habrá una página para que los consumidores puedan acceder a la mediación, que será obligatoria para las empresas a partir de ahora, y la idea es que no tendrán que intervenir abogados por lo fácil que será acceder al sistema de consumo protegido. Será posible hacerlo online, por teléfono y aquellos que necesiten un acompañamiento personalizado lo podrán hacer a través de los CAJ, donde el personal especializado acompañará a los consumidores que lo necesiten. Estamos cerrando un círculo de derechos consagrados en las normas y efectivos en la práctica”.
“Los consumidores tienen derecho”
“La justicia social es que cada uno tenga lo que le corresponde, los consumidores tienen derecho, por haber pagado, a tener lo que compraron y a tenerlo en buen estado y en buena manera. Todo esto va en camino a que podamos tener un país más justo”, dijo la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Florencia Carignano.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene 70 CAJ en funcionamiento en todo el país, y la gran mayoría de ellos están ubicados en barrios populares. En ellos se brinda asesoramiento jurídico y se responden consultas por problemáticas variadas: su plantel multidisciplinar lo componen abogados, asistentes sociales y psicólogos. Los CAJ también ofrecen la herramienta de la mediación comunitaria, para solucionar conflictos vecinales o de poca gravedad.
Al ser un espacio natural de consulta por conflictos vinculados a los derechos del consumidor, se avanzará en la capacitación de sus trabajadores para que puedan ofrecer información del nuevo Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). El Sistema de Consumo Protegido tiene como objetivo difundir los alcances de la ley que creó ese sistema y dio a luz a un nuevo mecanismo para resolver los conflictos entre consumidores y compañías de bienes y servicios.
Los conciliadores de consumo del COPREC forman parte del Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo, de la Dirección de Mediación del Ministerio de Justicia. El convenio permitirá el trabajo conjunto de la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que depende ese registro. Con la puesta en marcha de este sistema, ya fueron capacitados 253 promotores de Consumo Protegido en los distintos CAJ de todo el país.
En la firma del convenio, también estuvieron presentes Débora Oliva -directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia-, Laura Goldberg - Directora Nacional de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación- y Marcela Uthurralt - directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Papel Prensa
El secretario de Justicia dijo que el día era especial porque un 11 de marzo de 1973 ganaba Héctor Cámpora en las elecciones y, además, hoy el fiscal que investiga la apropiación irregular de Papel Prensa pidió las indagatorias de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre.
"Es un acto de justicia para el país", dijo. Y agregó que "hoy es un día para festejar que en la Argentina hay menos impunidad porque un fiscal de la nación se animó a llamar a indagatoria a Magnetto por la apropiación de Papel Prensa".
Entre las personas que se acercaron al CAJ estuvo Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa y querellante en la causa que investiga las irregularidades en la venta de la empresa. “Estoy emocionado y sorprendido de enterarme la noticia acá y en boca del Secretario de Justicia”, dijo Ianover a Infojus Noticias.
