Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal general del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga, firmaron un convenio para investigar la coordinación represiva entre ambos países en el marco del plan sistemático de exterminio desarrollado por las autoridades dictatoriales en América Latina, en la década del 70, conocido como el 'Plan Cóndor'.
Además, el pleno de la XVIII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur aprobó una guía para casos de delitos sexuales cometidos durante las dictaduras del Cono Sur.
El documento prevé la recopilación, análisis e intercambio entre ambos organismos de información y documentos; y el trabajo estará a cargo de un equipo conjunto integrado por dos representantes de cada parte.
Los datos podrán ser utilizados tanto en Argentina como en Ecuador en las investigaciones preprocesales, procesales penales y procesos judiciales.
Si bien los miembros más activos del Plan Cóndor fueron Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile, las repúblicas de Ecuador, Perú y Colombia también formaron parte de la operación conjunta de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur.
El fiscal general del Estado explicó a comienzos de junio que “Ecuador fue parte del Plan Cóndor”.
Galo Chiriboga detalló que en un documento desclasificado recientemente por los Estados Unidos consta que “a mediados de enero de 1978, Ecuador aceptó el Plan Cóndor, una organización antiterrorista compuesta por varios servicios de inteligencia de países sudamericanos”.
En tanto, la guía de actuación para los ministerios públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes internacionales, en particular de crímenes de lesa humanidad, será elaborada por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad del MPF argentino.
El instrumento da "pautas generales para guiar la actuación de los ministerios públicos en la investigación penal" de este tipos de casos y recomienda un abordaje con perspectiva de género y otras condiciones de vulnerabilidad como "edad, pobreza, orientación sexual, identidad de género, migración y desplazamiento interno, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías y privación de la libertad, entre otras".
También, propone mecanismos para evitar situaciones revictimizantes de quienes sufrieron este tipo de torturas, tales como garantizar que las declaraciones de las víctimas "se realicen en ambientes cómodos y reservados, para brindarles seguridad y confianza" y "evitar que las víctimas tengan que reiterar su declaración".
A través del documento, los ministerios públicos se comprometieron a "impulsar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables" y a prestarse asistencia jurídica y promover la cooperación interestatal.
