Una de las dos afectadas, de hecho, obtuvo la indemnización más elevada que se ha otorgado hasta ahora como orden de ese tribunal: 160.000 dólares.
El caso se dio en una empresa procesadora de pescado, Presteve Foods, cuyo propietario deberá pagar el monto de la indemnización. De acuerdo con los reportes el dueño de la compañía habría amenazado a las dos mexicanas con despedirlas, si no cedían.
Según el fallo del tribunal de Ontario, hay fallas estructurales en el programa de trabajadores temporales extranjeros, además de omisiones por parte del gobierno canadiense y del mexicano.
A través de un comunicado de prensa, la organización Unifor aseveró que “queremos decirle a todas las mujeres que están en una situación similar que no deberían permanecer en silencio, que hay justicia y que no deberían aceptar malos tratos o humillaciones. No debemos permanecer en silencio. Como inmigrantes sentimos que debemos quedarnos (en el lugar de trabajo) y que no hay sitios adonde ir o con quien hablar. Bajo el programa de trabajadores temporales extranjeros el jefe tiene todo el poder. Te tienen atado a su deseo. Pasaron ocho años para que hubiera justicia pero finalmente llegó”.
De acuerdo con los activistas, el juez encargado de este caso, Mark Hardt, sorprendió por su lenguaje al hablar de este programa y reconoció públicamente lo que considera son fallas estructurales del mencionado programa.
Junto con las dos mujeres que deberán ser indemnizadas, otras 39 (entre ellas tailandesas y mexicanas) también presentaron sus denuncias desde el año 2008, pero muchas fueron desistiendo, mientras otras regresaron a sus países de origen.
Chris Ramsaroop, miembro de Justicia para Trabajadores Migrantes, aseveró -también a través de un comunicado de prensa- que “la decisión es una acusación, no sólo en contra de José Pratas y Presteve Foods, sino en contra el programa de Trabajadores Temporales Extranjeros de Canadá. Esperamos que esta decisión rompa con el silencio de decenas de miles que siguen trabajando bajo la explotación”.
Distintos grupos activistas como Unifor, HRLSC y Justicia para Trabajadores Migrantes, piden cambios en el mencionado programa, como un estatus permanente para el inmigrante, terminar con los permisos de trabajo cerrados que limitan a los trabajadores a un solo empleador y poner fin a las tarifas por reclutamiento que aplican empleadores y agencias reclutadoras.
El próximo 3 de julio la organización Justicia para Trabajadores Inmigrantes (que acompañó a las mexicanas a lo largo del proceso que inicio en 2008), dará una conferencia de prensa en la que apelará a la primera ministra de Ontario, Kathleen Wynne, para proponer una revisión a la ley de trabajo, aun cuando reconocen que los cambios requeridos son a nivel federal.
