Empresarios, inversores, banqueros. Escribanos, abogados, jueces y secretarios. Son los personajes que idearon o fueron los eslabones necesarios en el despojo forzado de empresas y bienes contra otros empresarios y financistas –a veces competidores comerciales directos- durante la dictadura.
Para el robo, se sirvieron de la mano de obra sucia que conformaron militares y policías. Pero a diferencia de ellos, que en muchos casos fueron llevados a juicio y condenados, viven sin problemas con la Justicia Federal. Infojus Noticias describe tres casos impunes de esos cómplices necesarios.
Un secuestro Austral
El 31 de octubre de 1980, un grupo de tareas parapolicial de unos treinta hombres armados entró al Banco Latinoamericano Inversión (BLA) y se llevaron en dos o tres Falcon a varios directivos.
Entre ellos, estaba el arquitecto Eduardo Ezra Saiegh, vicepresidente Ejecutivo y fundador de la entidad que había sido creada en noviembre de 1976 para “participar en la inversión productiva con toda nuestra capacidad técnica y económica”, según su carta de presentación.
La patota de la División Bancos de la Policía Federal, dirigida por el comisario Ángel Iannibelli y su lugarteniente Héctor Edgardo Cereda, paseó a los chupados por el Departamento Central de Policía, la División Bancos de la Policía, la División Robos y Hurtos y otros lugares donde fueron conducidos con los ojos vendados.
A Saiegh le aplicaron submarino mojado, lo picanearon, lo vejaron y lo golpearon con toallas mojadas, mientras le pedían que aceptara delitos inexistentes y liquidara su banco.
Austral Líneas Aéreas le debía al Banco Latinoamericano más de siete millones de pesos en créditos. Como garantía, los accionistas privados, entre ellos William Reynal –primo de Alejandro Reynal, vicepresidente del Banco Central–, entregaron en caución los títulos de la empresa.
El BLA había resuelto, como no cumplían con los pagos, la ejecución judicial de la deuda y el pedido de la quiebra si era necesario.
“En el tesoro de mi banco estaban las acciones de Austral, caucionadas en garantía. Para estatizar, necesitaban esos comprobantes y, optan por robármelo. En Banco había sido un éxito”, dijo Saiegh a Infojus Noticias. Cuando fue secuestrado, estaba en tratativas para vender su banco al Crédit Lyonnaise, de Francia. “El BLA estaba en venta en 30 millones de dólares, ningún banco compra otro banco fundido”, razona Saiegh.
Finalmente, en enero de 1981 el general retirado Jorge Alberto Shaw y el vicepresidente Bernardo Grinspun firmaron la autoliquidación voluntaria del banco “o acuérdense lo que le pasó a Saiegh”, les dijeron. En febrero, Reynal dejó la vicepresidencia del Banco Central y abrió el MBA (Merchant Bankers Asociados), que sigue vigente hasta el momento. “Me afanaron el Banco para poder estatizar Austral”, concluye Saiegh.
En 1982, Saiegh denunció a por la autoría intelectual de su pesadilla. Y a otros civiles y militares que ya están muertos, como Albano Harguindeguy, José Alfredo Martínez de Hoz y el propio Videla.
A 34 años de los crímenes y 33 de esa denuncia, aún no hay indagados. Durante la década del ’80 y ’90, se investigó a Alejandro Reynal por extorsión (y no por el secuestro y las torturas), pero en el año obtuvo un sobreseimiento por proscripción (el paso del tiempo).
Cuando cayeron las leyes de impunidad, Saiegh y su abogado Alejandro Rúa pidieron la reapertura de la causa en el marco del Terrorismo de Estado. Pasó por el juzgado de Oyarbide, que nunca avanzó y fue apartado de la causa.
Saiegh apeló. La sala I de la Cámara Federal porteña le dio la razón y consideró que había que tomar medidas y que si se comprobaba un delito de lesa humanidad el sobreseimiento quedaba sin efecto.
La jueza María Servini de Cubría dejó la pesquisa en manos del fiscal Eduardo Taiano que tomó varias medidas. Pero Servini entendió que no eran suficientes. “Los directivos que fueron secuestrados con Saiegh declararon haberlo visto secuestrado y torturado. La jueza entendió que faltan reconocimientos fotográficos de los policías, pero nosotros creemos que ya está probado el delito de lesa humanidad y pedimos que quede nulo el sobreseimiento, se indague a Alejandro Reynal y se lo detenga”, dijo Rúa a Infojus Noticias.
La apelación volvió a la Cámara Federal hace seis meses. Se excusaron varios camaristas. Eduardo Freiler y Eduardo Farah pidieron la intervención de un tercero, seguramente para desempatar sus diferencias en el pedido. El designado es Mariano González Palazzo, un juez mencionado en el escándalo de sobornos para facilitar la excarcelación del empresario ferroviario José Pedraza.
Una larga lista
El caso de los tres hermanos empresarios, Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, es tal vez uno de los más elocuentes por la cantidad de intermediarios que participaron del despojo que empleó la mano de obra calificada de la policía bonaerense de Ramón Camps. Ninguno de esos civiles ha sido alcanzado por el corto brazo de la justicia federal.
Carlos, Rodolfo –ya fallecido-, y el padre de los Iaccarino. Alejandro estaba en Buenos Aires, y fue secuestrado más tarde. Pasaron por nueve centros clandestinos y terminaron en la Brigada de Avellaneda “El Infierno”, donde fueron torturados obligados a ceder a punta de picana las empresas que tenían en Santiago del Estero y Buenos Aires, 25.000 hectáreas de campo y un avión ejecutivo Rockwell bimotor.
La lista de cómplices es larga. El testigo Avila Otrera contó que en una reunión de estudio, el empresario santiagueño Pepe Figueroa, ex senador nacional y ministro de Bienestar Social del segundo gobierno de Menem, entró “restregándose las manos” y contó acerca de un asado en el que se había planificado el despojo de las empresas. Pepe Figueroa fue investigado cuatro años por la justicia federal santiagueña pero en noviembre de 2014 murió sin ser indagado siquiera.
La muerte –y la pasividad judicial- también salvaron a Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, los empresarios de Equino Química que los visitó en el centro clandestino instándolos al traspaso de sus empresas. Leopoldo Russo, del Juzgado Federal Penal nº 2 de La Plata, que armó una causa por “monopolio” en la venta de carne, y los sobreseyó el 11 de noviembre de 1977, la mañana del mismo día en que llegaron los empresarios al centro clandestino para que firmaran el poder.
Otros están vivos. Ana Beatriz Aparicio, la secretaria del juez Russo, pidió la jubilación en 2006 cuando su nombre empezó a ser mencionado en el “Juicio Por La Verdad”, y en otras causas. Sin embargo, a fines del año pasado llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de aumento de sus ingresos jubilatorios citando tratados internacionales sobre derechos humanos. Fue aceptado por el máximo tribunal.
La escribana Lía M. Cuartas de Camaño, que certificó el poder que los detenidos firmaron en un centro clandestino, sigue ejerciendo en Avellaneda. El 27 de noviembre de 2006, fiscal federal de La plata Sergio franco pidió que se la cite a declaración indagatoria, pero sólo fue llamada por el juez Arnaldo Corazza (ya jubilado) como testigo.
En su testimonio reconoció su firma y dijo que “sólo hizo lo que se le pidió”. Agregó que la llamaron y fue con su esposo porque el escribano Ramón Enrique Vinagre no podía ir. Dijo que el documento se firmó en un lugar “donde había algo similar a una jaula”. Respecto del aspecto visiblemente demacrado de los firmantes, dijo “que no recuerda nada que le haya llamado la atención pero que si notó algo ya lo olvidó por el paso del tiempo”.
También intervino el Banco de la Nación, que permitió en una reunión de directorio la entrega del avión.
La familia política de Alfano
La familia Paskvan estaba compuesta de prósperos ejecutivos avícolas, con empresas en las localidades de Roque Pérez y Lobos.
La más importante era Integraciones Avícolas Santafesinas S.A., que producía también alimentos para animales. La competencia directa era Purina –que producía alimento para perros-, la empresa de Francisco Capozzolo, ex suegro de Graciela Alfano, que le hizo una oferta para comprarla en 1979. El jefe de familia, Dalmacio Paskvan, que era presidente de distintas cámaras avícolas, la rechazó.
El 16 de mayo de 1980, la policía ocupó dos fábrica de alimento para mascotas de Roque Pérez. Una de las firmas quedó en manos de “Paco” Capozzolo y su hijo Enrique Capozzolo, ex marido de la vedette. También le secuestraron el paquete accionario de una de las empresas que se encontraba en el Banco Torquinst, casualmente también propiedad de Capozzolo.
Las tierras fueron recuperadas en democracia, pero su empresa estaba fundida. Por eso Daniel Paskvan, el único sobreviviente de la familia, decidió demandar en tres causas a la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero perdido por los siete años de ocupación.
Logró una condena en primera instancia en 2004. Pero siempre el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, negó que la empresa hubiera sido usurpada. Paskvan pidió entonces el inicio de juicio político al fiscal de Estado de la provincia, pero no prosperó. En 2006, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
*Por Laureano Barrera, Infojus Noticias
