El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló una medida cautelar que lo obligaba a realizar obras de mantenimiento y mejoras en uno de los nudos del Complejo Urbano Soldati, donde murió un adolescente después de que una baranda oxidada cediera hace poco más de dos meses.
La Sala I de fuero Contencioso Administrativo deberá resolver si acepta la apelación. Gustavo Daniel Moreno, titular de la Asesoría Tutelar nº 1 ante la Cámara de Apelaciones, les pidió a los jueces el último jueves que rechacen el pedido de apelación. “Lo que se intenta resguardar es ni más ni menos la salud y la vida de las personas”, dice su escrito al que accedió Infojus Noticias.
Tras la muerte de Cristian Crespo y las graves heridas sufridas por dos amigos que vivían en el nudo 10, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3, Pablo Mántaras ordenó al gobierno porteño a que realice obras de mantenimiento en los edificios 7, 12, 13 y 17 del nudo 9 del Complejo, que depende del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
En su fallo, con fecha 2 de octubre, señaló que en caso de que la administración porteña incumpliera las tareas indicadas, recibiría multas diarias de mil por cada día de retraso. El juez ordenó realizar un informe sobre los riesgos de derrumbe, adoptar medidas de seguridad respecto de la instalación eléctrica y de gas natural, verificar el funcionamiento de ascensores, adecuar las instalaciones contra incendios, poner en condiciones las escaleras y barandas, y despejar la totalidad de los medios de salida de los edificios. Una semana después de la decisión judicial de Mántaras, el gobierno porteño apeló.
La medida cautelar a la que hizo lugar el juez había sido presentada por un grupo de vecinos encabezado por María Roda Vileriño. En su presentación adjuntaron un informe de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal y los reportes de un especialista en Seguridad e Higiene y un arquitecto
Ascensores que no funcionan, escaleras rotas, instalaciones eléctricas en malas condiciones, instalaciones de gas obsoletas y fuera de normativa, rajaduras y desprendimientos de fachadas, tableros eléctricos fuera de la normativa: la descripción coincide con la estampa que puso en evidencia la muerte de Cristian el último 4 de septiembre.
En varios tramos de la presentación, los expertos hicieron hincapié en el “inexistente mantenimiento de los espacios comunes: escaleras, ascensores, redes troncales”. Y también el peligro de la integridad física de los habitantes del lugar que transitan todos los días esos espacios.
“Los escalones de hormigón prefabricado fueron remplazados por precarios maderas, metales”, describe el escrito. En el amparo los vecinos reclamaron “dignidad, seguridad y habitabilidad”. Moreno intervino en este expediente en representación de los derechos de las personas menores de edad y con padecimientos mentales. Ahora espera la resolución.
El amparo inicial
En 2009, María Eugenia Andicoechea junto a otros vecinos del nudo 10 presentaron un amparo contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Recurrieron a la Justicia para denunciar un incumplimiento que llevaba años. En 2001, la ley 623 (votada por la legislatura porteña), había declarado la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional.
El 27 de diciembre de 2011 y a partir del amparo, el Juzgado ordenó a la gestión de Mauricio Macri efectuar la totalidad de las obras demandadas en cumplimiento de la ley 623. El gobierno porteño apeló y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC. Sin embargo, según los vecinos el fallo sigue sin cumplirse. El edificio donde cayó la baranda que terminó con la vida de Cristian pertenecía al nudo 10.
El Complejo Urbano Soldati, construido en los años 70, es una urbanización con edificios de diferentes alturas distribuidos en una docena de nodos. Albergan alrededor de 100.000 habitantes en 3.200 departamentos. En los últimos años hubo múltiples alertas sobre el estado de estas viviendas.
*Por: María Florencia Alcaraz, Infojus Noticias
