En un pronunciamiento, las mujeres consideraron necesario que la fiscal Marcelita Gutierrez, quien investiga el caso, tome sus testimonios, debido a que a la fecha no figuran en la indagación fiscal.
“Durante años hemos esperado que la Fiscalía conozca nuestras historias, que oiga lo que tenemos que contar, que sepa cómo fuimos sometidas a esterilizaciones", dijo Inés Condori, titular de la Asociación de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas de Chumbivilcas que reúne a 234 empadronadas.
Condori sostuvo que la fiscal debe determinar que las esterilizaciones forzadas son delito de lesa humanidad y que se sancione a los responsables.
La mujeres expresaron también su preocupación por la poca información que señalaron existe aún sobre la creación del registro de víctimas.
“Es necesario que las mujeres sean escuchadas en cuanto a sus propuestas para el registro además de la situación complicada que enfrentan en sus comunidades para acceder al SIS, a los Centros de Emergencia Mujer y a la defensa pública”, señaló María Ysabel Cedano, directora de Demus, quien participó en el encuentro.
Además, las asistentes pidieron que el Estado admita su responsabilidad en una política nacional que afectó sus derechos humanos y les pida disculpas públicas.
“A mí me engañaron, me dijeron que si no me esterilizaba iba a tener que pagar más impuestos”, señaló Nazaria Suárez, del distrito de Colquemarca, una de la víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996-2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Varios fueron los testimonios que se brindaron en la cita, ratificando que estas prácticas se realizaron sin consentimiento.
