La protesta, integrada por 33 países entre los que se cuentan todos los de la Unión Europea, además de EE.UU., México, Australia o Nueva Zelanda, se ha plasmado en una nota diplomática entregada el lunes al Gobierno japonés por el embajador neozelandés en la capital nipona, según detalló la agencia Kyodo News.
"Pensamos que la matanza de ballenas no tiene justificación científica y firmemente exhortamos al Gobierno nipón a evitar que ocurra (la reanudación de la pesca)", declaró el primer ministro neozelandés, John Key.
La semana pasada los balleneros nipones zarparon por primera vez con rumbo a la Antártida desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera en marzo de 2014 que Japón debía detener su programa porque claramente no respondía a intereses científicos.
En su veredicto el CIJ exigió a Japón reducir en dos tercios el volumen de capturas si quería retomar esta campaña.
De este modo, Japón ha reiniciado este año el programa reduciendo a 333 ejemplares de rorcual aliblanco la cuota máxima de captura, algo que en cualquier caso ha desatado las quejas de grupos ecologistas y de países miembros de la Comisión Internacional Ballenera (CBI).
Tokio, que firmó la moratoria total de la captura con fines comerciales de ballenas que entró en vigor en 1986, emprendió al año siguiente programas de captura científica defendiendo que está amparada por el artículo VIII de la Convención de 1946 de la CBI.
Sin embargo, estos programas han sido duramente criticados por muchos países que los consideran pesca comercial encubierta, dado que la carne de los especímenes capturados y estudiados es posteriormente vendida.
Japón mantiene además otro programa de capturas con fines científicos que se desarrolla en el Pacífico Norte.
