Un conflicto entre miembros de la comunidad mapuche y una resolución inédita: por primera vez en el país, se aplicará la “Justicia Indígena” para resolver la situación. Será en Neuquén, en el marco de los parámetros fijados por la Declaración de Pulmarí de 2014, y juzgará el robo de un buey, su faena y su posterior venta.
El hecho ocurrió en un paraje ubicado a pocos kilómetros de la localidad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, cuando integrantes de la comunidad mapuche sustrajeron al animal, lo faenaron y lo vendieron puerta a puerta por la ciudad.
“A partir del reconocimiento de que tanto víctimas como presuntos victimarios forman parte de la comunidad, además de que el presunto delito había sido cometido en territorio mapuche, es que dispusimos que el conflicto no iba a ser investigado por la justicia ordinaria y lo remitimos a la justicia indígena”, precisó a Infojus Noticias, Fernando Rubio, fiscal jefe de la cuarta circunscripción de Neuquén.
“Creo que es un avance sustancial en materia de reconocimiento y derechos”, sostuvo el fiscal y agregó: “Es el reconocimiento al convenio internacional 169 de la OIT (Organización internacional del trabajo) que sostiene que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia y que, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la solución del conflicto”.
La Declaración de Pulmarí constituye un hecho histórico, que establece el reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas para resolver conflictos penales. Ello se lleva adelante en la medida en que sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Su firma se alcanzó en agosto de 2014, entre el Ministerio Público Fiscal, la Corporación Interestadual Pulmarí y comunidades mapuches.
Para que se aplique la Declaración, el conflicto debe involucrar sólo a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado, debe ocurrir únicamente en territorio reconocido de las Comunidades y el caso no debe afectar gravemente el interés público, como ser que se trate de un homicidio o de delitos contra la integridad sexual, entre otros.
Para Rubio, “si bien este hecho no ingresa al sistema judicial tradicional, cuando las autoridades mapuches resuelvan el conflicto y decidan la aplicación de una pena, el Estado velará para que el eventual castigo no viole los derechos humanos y los preceptos constitucionales”.
De esta manera, la comunidad mapuche deberá realizar un acta de la resolución del caso que deberá enviar al Ministerio Público Fiscal, que velará para que la pena no viole los derechos humanos.
Dentro de la comunidad, el encargado de la administración y aplicación de la justicia es el “Nor Feleal” , un organismo compuesto por el Logko (jefe) y el Werken(comunicador) a lo que se suman dos integrantes de la comunidad designado por la asamblea y que no deben tener intereses sobre la causa a juzgar.
El “Nor Feleal” aplica en sus actuaciones judiciales y administrativas los usos, costumbres, normas y procedimientos garantizando a las partes el ejercicio pleno de sus derechos. También establece instancias para la revisión de las decisiones de sus autoridades con el fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, siendo la figura del Logko la primera instancia de apelación y la Confederación Mapuche de Neuquén, la última instancia de apelación.
De este modo, Neuquén se constituye en la primera provincia en reconocer y aplicar la “justicia indígena”.
La justicia indígena en Latinoamérica
Para el comienzo de la última década, países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ya reconocían en su constitución el derecho a la identidad cultural de cada comunidad indígena.
A su vez, reconocen que la justicia indígena no puede ser identificada con la justicia por mano propia. Es un sistema jurídico tradicional vinculado a la posibilidad que tienen las comunidades de solucionar de manera interna sus problemas a través de mecanismos propios.
En Bolivia, las naciones y pueblos indígenas tienen la facultad de ejercer sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y de aplicar sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
El artículo 191 de la constitución de Ecuador dice que se les permite “a las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derechos consuetudinarios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes, la ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”.
