Los aumentos de luz anunciados por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, generaron una gran repercusión. Muchos cuestionaron la falta de una audiencia pública para tomar esta medida y es por eso que al menos cinco asociaciones de consumidores presentarán una medida cautelar para frenar los aumentos en las tarifas de luz.
Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DeUCo) le dijo a Página 12: “El ministro Aranguren les explica a los usuarios que las tarifas no aumentaron sino que son parte del incremento que se aprobó en el 2006. Cuesta creer que un funcionario público de semejante rango haga un planteo tan inédito”.
A partir de la Ley 24.065, sancionada en enero de 1992, que definió el “Régimen de la Energía Eléctrica”, se estableció en el artículo 48 que “cuando el ente (haciendo referencia al ENRE) considere que existen motivos razonables para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta convocará a una audiencia pública con no menos de treinta días de anticipación. Celebrada la misma, dictará resolución”.
Asimismo, agrega que si son las empresas las que piden modificaciones tarifarias “el ente convocará a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”.
Sin embargo, la audiencia no está prevista para la suba del precio de generación, sino para las subas a las distribuidoras, pero en aquellas jurisdicciones donde se ajustó el precio de generación también se verán afectadas las tarifas.
No obstante, el funcionario de Cambiemos fue consultado por la falta de una audiencia pública para tomar esas determinaciones, pero argumentó: “Esto ya ocurrió. Hubo audiencia pública en 2006 cuando fueron renegociados los contratos de servicios públicos. Se habilitó al ENRE a iniciar un proceso transitorio de recomposición tarifaria que fue comentado por la Procuración del Tesoro y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que fue enviado al Congreso y como el Congreso no dijo nada, quedó habilitado el ENRE para hacerlo. Pero no lo hizo. Nosotros estamos retomando un camino que empezó en 2006 y que no terminó”.
En consecuencia, Pedro Bussetti le dijo al medio gráfico: “En 2005 se hicieron las audiencias para tratar el aumento en la luz y en el gas. Se aprobó una suba del 15 por ciento en las tarifas eléctricas que nunca se aplicó. Y se generó un mecanismo de revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria que tendría que haberse hecho en 2007 se postergó. Pero por supuesto que se previó que esa revisión no fuera cada 10 años sino anualmente. Es decir, no había un plazo de diez años para hacer los cambios”.
Frente a este escenario, Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, le comunicó a Página 12 que harán una presentación judicial porque las audiencias del 2006 perdieron vigencia. “La realidad es que a lo largo de los últimos 20 años la mala calidad del servicio fue reiterada y ocurrió con tarifas altas, medias y bajas. Tanto en el ENRE como en el Enargas vemos ahora gerentes de las empresas que en su momento incumplieron con las inversiones. Y ahora ellos mismos dicen que necesitan aumentos de tarifas para invertir”, subrayó Boada.
Por otra parte, un grupo de intendentes peronistas alertaron por la falta de esa convocatoria y en un comunicado sostuvieron que “las medidas excluyen a los sectores más humildes que hasta ahora gozaban de un sistema de subsidios” y consideraron que esas medidas no cumplen con el marco regulatorio de la energía eléctrica.
