Se está poniendo en riesgo “la cobertura y presencia del Estado como querellante en los juicios de lesa humanidad, y los trabajos de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria”, denunciaron.
El gobierno provincial a cargo de María Eugenia Vidal, y la Secretaria de Derechos Humanos, con la reciente asunción de Santiago Cantón a cargo de la misma; resolvieron disolver la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias.
La Dirección se puso en funcionamiento fines de noviembre del año 2012, a partir de la modificación de la Estructura de la Secretaria. El objetivo fundamental estuvo puesto sobre la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado. Reparación simbólica que busco restituirlos como sujeto de derecho. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron políticas públicas para que el Estado de Derecho cumpla con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado Terrorista sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia.
En estos tres años de gestión, trabajamos en acciones reparadoras concretas sobre el territorio provincial: relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura, se obtuvieron 2066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de la campaña de la “iniciativa latinoarmericana” de forma conjunta con el EAAF, se realizaron más de 40 señalizaciones de lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se trabajó en la construcción de cinco Espacios de Memoria, se participó como querellante en más de 18 juicios de Lesa Humanidad, se resolvieron y tramitaron 3905 pensiones de la Ley 14.042, se consolido un equipo de acompañamiento psicológico en Lesa Humanidad, se trabajó en la visibilización de los delitos sexuales, se formó un equipo para investigar y publicar sobre las complicidades civiles de la dictadura; solo para mencionar algunas de las líneas de trabajo que nos dimos en este tiempo.
En el día de hoy nos comunican que la Secretaria va a ser sometida a una modificación de su estructura y esta Dirección Provincial como tal, deja de existir. Repudiamos enérgicamente esta decisión política tomada por el gobierno. Implica un retroceso para el Estado como garante de los procesos de memoria.
Nos preocupa la situación en la que quedan las víctimas y familiares, donde son desprovistos del acompañamiento y la presencia del Estado en tanto intervención de Ley que consolidaba la restitución de sus derechos vulnerados en dictadura y también en los primeros años de democracia. Es una vuelta atrás, de todas las políticas de memoria verdad y justicia construidas en estos últimos años, que ubicaron a la Argentina en el lugar del reconocimiento mundial en materia de derechos humanos.
Quienes hemos tenido la enorme responsabilidad de estar a cargo de esta gestión, somos militante del campo popular y hemos sostenido nuestra función desde la más pura convicción por la defensa de la verdad histórica, la resignificación del pasado de horror, y la construcción de un presente donde la justicia marque el camino de la no repetición.
Por este motivo es que compartimos con ustedes la incertidumbre y la desazón que nos genera esta decisión tomada por Vidal y su equipo. Dejando sin efecto las funciones de la Dirección, se pone en riesgo por parte gobierno provincial la cobertura y presencia del Estado como querellante en los juicios de lesa humanidad, los trabajos de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria, la posibilidad de profundizar sobre las complicidades civiles empresariales, de los medios de comunicación, eclesiásticas y de la justicia.
Pero como sabemos que “Patria es Memoria”, vamos a redoblar los esfuerzos y la lucha en defensa del camino construido en estos años por la memoria la verdad y la justicia. Y en ese camino somos muchos los que nos estrechamos en el abrazo fraternal y el grito colectivo por: “Ni un paso atrás”.
*Por Marina Vega, Ramón Baibiene y Víctor Hugo Díaz (*)
(*) Los autores ocupan los cargos de Directora Provincial de Políticas Reparatorias, Director de Políticas Reparatorias y Director de Investigación y Memoria, respectivamente.
