El fiscal general Rafael Vehils Ruiz y el fiscal ad hoc Patricio Rovira requirieron esta tarde que se condene a prisión perpetua al ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán por crímenes de lesa humanidad. La misma pena pidieron para el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en tanto reclamaron condenas de entre 15 y 25 años de prisión para otros trece acusados, ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad.
La exposición de la Fiscalía en la denominada "Megacausa La Rioja" comenzó ayer y se extendió durante la jornada de hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. El expediente llegó a juicio con acusados por privaciones ilegales de al libertad, homicidio, torturas, violación de domicilio y asociación ilícita. Durante el transcurso del juicio, surgieron además delitos sexuales, por los que la Fiscalía amplió la acusación a cuatro imputados hace dos semanas. El Tribunal hizo entonces lugar a ese pedido y hoy los fiscales requirieron condenas por esos delitos.
En el último punto del petitorio formulado esta tarde, los fiscales reclamaron que la sentencia declare la "nulidad absoluta de la totalidad de las causas tramitadas por la ley 20840 en la jurisdicción de La Rioja y que se encuentran acumuladas a los presentes autos".
Aquella norma, conocida en la época como "ley antisubversiva", sirvió para "blanquear" la persecución política, pues le dio un marco judicial a los secuestros e interrogatorios bajo tortura. En esa jurisdicción, su aplicación estuvo exclusivamente en manos del ex juez Catalán.
El petitorio de la Fiscalía también incluyó el inicio de los trámites de exoneración, destitución y baja deshonrosa de los acusados que integraban fuerzas armadas y de seguridad.
Los fiscales asimismo pidieron que la sentencia declare, en base a los testimonios recibidos en el juicio, que las mujeres confinadas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) y en la Delegación local de la Policía Federal "fueron víctimas de actos que constituyen formas de violencia contra la mujer" y requirieron que se les comunique la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia; al Consejo Nacional de la Mujer, y a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género.
Durante su extenso alegato, los fiscales describieron la prueba de todo el proceso y se detuvieron en la queja formulada por el defensor de Catalán acerca de que la voluminosidad del expediente conforma un total de 460 hectáreas si se pone una página junto a la otra.
La Fiscalía propuso entonces que se midiera la cantidad de años que estuvieron todas las víctimas detenidas ilegalmente que recuperaron su libertad, sumando el período de cada una: el resultado total, indicaron los fiscales son 165 años, nueve meses y 3 días.
"La cantidad de años acumulados de detención de las víctimas de esta causa suma más tiempo que la historia independiente de nuestro país desde su declaración el 9 de julio de 1816 hasta la llegada al poder de estos usurpadores el 24 de marzo de 1976", computaron.
El juez de Videla
"Catalán instruyó causas por infracción a ley 20840 y, en tal carácter, recibió declaraciones indagatorias a individuos que evidenciaban notables signos de haber sido torturados e inclusive declaraban haberlo sido, y resolvió dejarlos alojados en el IRS, el centro de detención donde sufrían las torturas", describió la Fiscalía.
Con los elementos recabados en el juicio, los representantes del MPF indicaron que estaba probado que el ex juez "también tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias del IRS que portaban armas" y que en oportunidades delegó en gendarmes o militares que participaban de los secuestros y las torturas la toma de declaración indagatoria a los imputados por la violación de la "ley antisubversiva".
Asimismo, remarcaron que "la única prueba de cargo que tuvo el juez Catalán para condenar a las personas en las causas por la violación a la ley 20840 fueron las declaraciones indagatorias tomadas bajo tortura".
Otra de sus contribuciones al plan criminal, narraron, fue "aconsejar a los familiares de los desaparecidos que no presenten los hábeas corpus que llevaban ante el juzgado a su cargo" y llegó incluso "al punto de impedir directamente su interposición" a la vez que "fingía ignorancia" sobre el paradero de las víctimas.
En tanto, en las causas iniciadas por los delitos cometidos contra los presos políticos "se observó una frecuente desatención y desinterés en llevar a cabo cualquier diligencia o medida probatoria que fuera de utilidad para satisfacer el objeto del expediente", indicaron los representantes del MPF.
Por esas acciones y omisiones, la Fiscalía consideró a Catalán autor material en la privación ilegal de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas en perjuicio de una víctima, y partícipe necesario en la violación de domicilio, la privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas contra diez personas; homicidio calificado en un casol, y lo acusó también por asociación ilícita en calidad de organizador.
La Fiscalía desmenuzó una por una las obligaciones infringidas por el ex magistrado en su rol de juez de la dictadura. Recordó, además, algunas facetas del currículum que lo llevó a ese lugar: indicó que Catalán asumió como juez federal el 6 de mayo de 1976. Su nombramiento, ordenado por el dictador Jorge Rafael Videla, fue precedido por el desplazamiento de su antecesor, el juez federal José Enrique Chumbita, quien fue echado -narró la Fiscalía- luego de que se negara a librar órdenes de allanamiento injustificadas requeridas por los militares de la zona.
Antes de ser juez, Catalán fue fiscal provincial y, previo a ello, fue asesor de la policía provincial en 1963, luego diputado electo y también ministro de Gobierno e instrucción Pública durante la dictadura de Juan Carlos Onganía e, incluso, ocupó el cargo de gobernador transitoriamente en distintos períodos que, sumados, totalizan nueve meses.
Penas para todos
Además de los pedidos de prisión perpetua para Menéndez y Catalán, la Fiscalía requirió la pena de 25 años de prisión para el ex jefe de la delegación local de la Policía Federal, José Félix Bernaus; el ex oficial de Inteligencia del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, Eliberto Miguel Goenaga; el ex cabo del Escuadrón 24 de Chilecito de la Gendarmería Nacional, Miguel Ángel Chiarello; y el ex capitán médico del Ejército, Leonidas Carlos Moline.
En tanto, reclamó que se impongan 21 años de prisión al ex jefe de la compañía de Comando y Servicio del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, Hugo Norberto Maggi; y al ex Inspector en la Delegación local de la Policía Federal, Roberto Reinaldo Ganem.
También, solicitó 20 años de prisión para el ex cabo primero del Escuadrón 24 de Chilecito de la Gendarmería Nacional, Nicolás Antonio Granillo, y para el ex subcomisario y jefe del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de Chilecito, Miguel Ángel Ramaccioni.
Para el ex vicecomodoro y segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, Luis Fernando Estrella, pidió la pena de 18 años de prisión; para el ex director del Instituto de Rehabilitación Social, Renardo Teodoro Sánchez, solicitó 16 años, y, finalmente, requirió 15 años de prisión para el ex oficial de la Policía provincial, José Chelito Gay; el ex cabo del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, Ramón Roberto Rearte, y el ex integrante del Escuadrón 24 de la Gendarmería Nacional, Domingo Claro Páez.
