Los impulsores del impeachment (proceso de destitución) contra Rousseff "quieren condenar a una inocente y salvan a corruptos", ha declarado la mandataria brasileña, según publica este sábado el diario local Folha de Sao Paulo.
"¿Será que quienes lideran el golpe permitirán que el combate a la corrupción continúe? ¿Cuál es su legitimidad?", se ha preguntado la jefa del Ejecutivo de Brasil, después de acusar en los últimos días a su vicepresidente, Michel Temer, y al jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de ser uno "el jefe" y el otro "el subjefe" de una conspiración en su contra.
Asimismo, la dignataria ha cancelado este mismo sábado su asistencia a un acto partidario.
"Ella no va a ir, se quedará haciendo las últimas negociaciones para la votación del impeachment del domingo" (17 de abril), que realizará la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar el juicio político contra Rousseff, ha subrayado un asesor del Palacio de Planalto (sede presidencial), en Brasilia, capital del gigante suramericano.
Según los datos de la ONG anticorrupción Transparencia Brasil, proporcionados el jueves a la agencia británica de noticias BBC Mundo, el 59 por ciento de los 594 congresistas brasileños han sido procesados o condenados judicialmente por lavado de dinero o tortura, entre otros cargos.
La fuente ejemplificó con el caso del diputado Afonso Hamm, que apoya el juicio político contra Rousseff: este fue acusado por un delator clave del caso de corrupción en Petrobras de recibir sobornos, algo que él niega y que la justicia intenta comprobar.
En la misma jornada de hoy sábado los congresistas reanudan los debates sobre la posible admisión del pedido de impeachment contra la presidenta de ese país y se espera que la discusión dure unas 13 horas, según fuentes oficiales.
La jefa brasileña de Estado ha sido acusada por la oposición de manipular las cuentas públicas. Sin embargo, Rousseff ha cuestionado la legalidad del juicio político en su contra e insiste en que un impeachment, carente de base legal es, de hecho, un golpe de Estado. La solicitud también ha sido rechazada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y el abogado general del país sudamericano.
