"El estado debe garantizar el derecho al transporte público de manera gratuita a los sectores de la sociedad que sufren algún tipo de vulnerabilidad", explicó la diputada Patricia Giménez (UCR Mendoza), autora de la iniciativa.
"Aunque se ha establecido una tarifa social, a partir de la anunciada actualización, aún el boleto de colectivo o tren, resulta demasiado oneroso para aquellos trabajadores que están desocupados o que han aportado más de 30 años, y por la edad no consiguen otro empleo y solo les resta esperar la jubilación", expresó en los fundamentos del proyecto.
El proyecto estipula que los beneficiarios deberán gestionar el pase en el Ministerio de Transporte de la Nación o en los entes oficiales de las provincias, e indica que el beneficio caducará una vez que encuentren trabajo o que alcancen la categoría de jubilación o pensión.
La iniciativa establece también que las empresas de transporte están obligadas a publicar en forma visible y adecuada en todas las unidades de transporte público de pasajeros el derecho al pase libre y gratuito detallando en forma clara y precisa los requisitos para obtenerlo.
