“La apertura de un juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no tiene ningún fundamento", dijo el martes el titular de la OEA. "Si existiera una acusación bien fundada, como ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino, pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos", señaló.
Según el secretario general de la OEA, en caso que se verificase "la mínima acusación" sobre la honestidad de Rousseff, "probablemente nosotros seríamos los primeros en señalar que debe dar un paso al costado, pero eso no existe".
Almagro defendió "el mandato constitucional" que los votos le concedieron a Rousseff en las elecciones de 2014, y debe ser respetado.
También hizo una referencia al juez Sergio Moro, a quien el Supremo Tribunal Federal (STF) amonestó y puso un límite en sus investigaciones de la operación Lava Jato, después de que se filtró a la prensa el contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas entre Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por su parte, Rousseff volvió a calificar el martes de "golpe" los intentos de la oposición para desalojarla del poder por la vía del juicio político, ya que, en su opinión, no existen razones jurídicas que justifiquen tal extremo.
La mandataria sostuvo que tanto el proceso de juicio político como la insistencia de la oposición en una posible renuncia "son cosas que perjudican al país" e impiden la recuperación de la economía, que desde el año pasado ha entrado en una profunda recesión.
El Gobierno, través del abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU), presentó el lunes su defensa de la acusación a Rousseff por "crimen de responsabilidad" debido al supuesto maquillaje de las cuentas públicas a la comisión especial de la Cámara de Diputados.
