“Son múltiples los casos que ejemplifican los costos económicos que este tipo de tribunales representan para economías pequeñas, como la de Chile, con el agravante de que ello lleva a una preocupante inacción de los Estados en su deber de proteger a la población”, informó la agrupación en un comunicado.
En la congregación, que reunió a medio centenar de personas, se cuestionó la decisión del Gobierno de no someter el TPP a consulta indígena, como obliga el Convenio 169 de la OIT ante medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos.
Es el caso de los tratados de inversión sobre sus tierras y territorios, como señala el Informe 2015 de la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), cuya negociación concluyó en noviembre pasado, reúne a doce países que representan el 40 % del PIB mundial y 800 millones de consumidores.
