Así, parte del movimiento estudiantil se declaró en “movilización permanente”, incluso un sector dijo que le hará imposible la vida al gobierno de Michelle Bachelet.
Las advertencias van de lado y lado. Hasta la propia Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil en las masivas marchas de 2011, dijo: “necesitamos una fuerte movilización social que incida en la reforma educacional”. Por estos días hay más de 20 escuelas emblemáticas en toma, mientras que el descontento también aumenta en las universidades. Esto, porque muchos estudiantes, que antes tenían becas y que ahora fueron beneficiados por la gratuidad, sostienen que hay muchas trabas y que la gratuidad no es tal.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a un paro indefinido por lo que consideran como un “nulo avance” de la reforma educacional. La propia presidenta Michelle Bachelet dio marcha atrás a su promesa de gratuidad universal y reconoció que no podrá implementarse totalmente cuando finalice su gobierno en 2018.
Hasta el miércoles, al menos 11 casas de estudio se adhirieron al paro convocado por la Confech. Estas son la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Frontera, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales.
Los estudiantes se han movilizado y la próxima marcha, que esperan la autorización de las autoridades a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, fue convocada para el 9 de junio. La estrategia de los universitarios y secundarios es mantener la presión en las calles, como ocurrió con las marchas de 2006 y 2011.
¿Qué exigen los estudiantes? Principalmente “educación pública, marco regulatorio y financiamiento”. “Me parece legítimo que los estudiantes de manera organizada luchen por las causas justas y que son necesarias para mejorar la educación pública”, dijo Camila Vallejo en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.
A su vez el gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que “difícilmente vamos a tener otra administración en que la educación tenga una centralidad tan fuerte en el programa. Lo que se pueda avanzar en dos años es crucial en lo que pase para adelante”. También el senador socialista Carlos Montes afirmó que “es difícil entender este movimiento, parece que estuviéramos en dictadura.
¿Por qué tomarse colegios? ¿Por qué no encuentran una forma más creativa? Como si el objetivo fuera perder clases. Lo que más perjudica a la educación pública es tomarse los establecimientos educacionales”.
Los estudiantes chilenos exigen hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado uno de los más segregados del planeta.
La presidenta socialista Michelle Bachelet ganó la reelección en diciembre de 2013, prometiendo la reforma al sistema educativo, pero el avance de las reformas es considerado “insuficiente” por los estudiantes.
Desde este año, unos 145.000 universitarios estudian gratis, al tiempo que comenzó a regir una ley que prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la selección de estudiantes en las escuelas que reciben aportes del Estado.
El gobierno de Michelle Bachelet aún no envió al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria. Pero el Parlamento ya analiza una ley que le quita a los municipios la administración de las escuelas públicas.
*Por Alejandro Tapia, El Telégrafo
