En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura.
Por una investigación realizada por dos fiscales de la Unidad Fiscal de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) solicitaron al Ministerio de Trabajo que se les revoque este privilegio. En la lista están el abogado Durrieu, el radical Yofre y el padre de Martín Lousteau.
Un grupo de 26 ex funcionarios de la última dictadura, incluidos ex ministros, secretarios de Estado y directores del Banco Central, cobra jubilaciones de privilegio. El dato surge de una investigación de los fiscales Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, coordinadores de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) de la Procuración General de la Nación, quienes solicitaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), que les revoque ese privilegio tal como establece una ley sancionada hace siete años.
La lista de beneficiarios incluye a Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia; al abogado radical Ricardo Yofre, ex subsecretario general de la presidencia durante la gestión Videla y hermano mayor del ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre; y a Guillermo Lousteau Heguy, secretario de Turismo entre 1981 y 1982 y padre del embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau.
En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. La norma abarcaba desde ex presidentes de facto, pasando por ministros, hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un mecanismo para materializar las bajas.
A 40 años del comienzo de la dictadura, con la mayor parte de sus ex funcionarios bajo tierra, la investigación de la Ufises detectó que el Estado sigue pagando jubilaciones a ex alfiles de Videla, Viola y Bignone.
El economista Carlos García Martínez fue ministro de Comercio e Intereses Marítimos con el dictador Roberto Viola en 1981. Amadeo Frúgoli, que provenía del Partido Demócrata, fue ministro de Defensa en 1982. Guillermo Lascano Quintana fue subsecretario del Ministerio del Interior y fundó en democracia el “Movimiento Independiente Fernando De la Rúa presidente”. Alberto de las Carreras fue subsecretario de comercialización del Ministerio de Producción y en democracia siguió su carrera como directivo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. La lista incluye a tres ex directores del Banco Central: Juan María Ocampo (1976-1981), Alberto Luis Grimoldi (1981-1982, antes subsecretario de Comercio Exterior) y Horacio Antonio Arce (1982-1983).
Los fiscales Minatta y de Vedia, a partir de las constataciones, le pidieron al ministro Triaca que cumpla la ley y ordene a la Anses que disponga en forma urgente la revocación de los beneficios diferenciales de esos ex funcionarios. “El incumplimiento por parte de los organismos competentes de los preceptos de la ley 26.475 reviste una mayor gravedad si se tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma en cuanto busca reparar a través de la memoria, la verdad y la justicia uno de los períodos más oscuros de nuestra historia”, destacaron.
Recordaron que la reparación no se agota con el juzgamiento y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad sino que deben subsanarse, en todos los ámbitos y niveles, las desavenencias provocadas por la interrupción de la vida democrática. Los titulares de la Ufises destacaron que una de las funciones de la unidad “consiste en proteger los recursos de la seguridad social para garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a una cobertura acorde”. “El financiamiento de prestaciones jubilatorias de privilegio en favor de aquellos que la ley expresamente excluye implica una afectación ilegal y arbitraria del fondo solidario”, señalaron.
El listado de beneficiarios incluye a Roberto Enrique Luque (Ministerio de Justicia), Horacio Martín Fernández Delpech (subsecretario de Defensa), Julio Fernández Mendy (subsecretario de Deportes cuando gobernaba Reynaldo Bignone). Como ex funcionarios del Ministerio de Producción figuran también Elvio Baldinelli (secretario de Industria y Minería), Ricardo Entrena (subsecretario de sistemas comerciales), Juan Esteban Dumas y Santiago Miguel Murray (subsecretarios de Negociaciones Económicas Internacionales), Martín Braun Lasala, Enrique Osvaldo Bauerle y Julio Cueto Rúa (asesores de gabinete). Del Ministerio de Salud integran la lista Luis Domingo Ugarte (secretario de Acción Social), Heriberto José Allende (subsecretario de desarrollo urbano), Mario Roberto Russak (subsecretario del Menor y la Familia), Enrique Ubaldo Fourcade (subsecretario de Turismo), Iván Posse Molina (subsecretario del Menor y la Familia) y Horacio Aldo Monti (subsecretario de Deportes).
