La mayor parte de esos adolescentes relevados identificaron a los policías como sus agresores y relataron que fueron golpeados o amenazados con armas de fuego, o bien recibieron descargas de picana eléctrica, especialmente durante los primeros momentos tras la detención, expuso el presidente del MNP Roque Orrego.
Ello se debe a que la mayor parte de los adolescentes que ingresan al sistema penal procede de un sector social de "suma exclusión económica", debido a que los poderes del Estado tienden a "perseguir a las personas que ya están en situación de vulnerabilidad social".
"Se ha construido un modelo de seguridad que afirma que lo que es una amenaza, lo que debe ser encerrado, son las personas ya excluidas del sistema, que no tienen oportunidades para un desarrollo humano. Se percibe la situación como un problema del sistema penal, y no como un asunto de políticas públicas", dijo Orrego.
El presidente del MNP formuló estas apreciaciones en un acto en conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, celebrado en el Museo de las Memorias de Asunción, un espacio que funcionó durante la dictadura stronista como centro de detención y tortura.
En relación con los centros de menores, el Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La corte sentenció al país por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en el Centro Educativo de Itauguá (conocido como Panchito López) entre 1996 y 2001.
En cuanto al uso del sistema penal, Orrego puso como ejemplo el hecho de que el 67 por ciento de las mujeres privadas de libertad en el Paraguay lo estén por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mientras que por este tipo de delitos sólo está preso el 19 por ciento de los varones encarcelados, pese a que los responsables de las organizaciones del narcotráfico son en su mayoría hombres.
Según Orrego, estos datos demuestran que el actual sistema punitivo de Paraguay no está afectando a las mafias dedicadas al narcotráfico, sino que está castigando a las personas más vulnerables, que frecuentemente tienen problemas de consumo de drogas, o recurren al cultivo o la venta de estupefacientes para sobrevivir.
Paraguay es el mayor productor de marihuana de Suramérica y esa droga tiene a Brasil como principal destino. Además, el Paraguay es considerado como un país de tránsito y transformación de la coca boliviana en cocaína, para ser vendida en el Brasil.
