Frente a las repercusiones públicas del caso, desde el organismo de Derechos Humanos valoraron la intervención de los agentes fiscales de Olavarría. “El accionar habitual de la justicia era no investigarlas", recordaron.
Mediante un documento público, la Comisión Provincial por la Memoria se pronunció sobre la investigación que se lleva a cabo en Olavarría por el presunto cobro de coimas de agentes penitenciarios a cambio de mejorar sus condiciones de alojamiento a un interno en la Unidad 2 de Sierra Chica.
En el comunicado, confirmaron que la investigación se originó por una denuncia realizada desde la propia Comisión ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Intracarcelarios. Según mencionaron, los datos fueron "aportados por personas detenidas en la Unidad Nº2 de Sierra Chica" que derivaron en un allanamiento "donde fueron encontrados una serie de elementos de prueba muy precisos, claros y contundentes".
Dado las repercusiones públicas del caso y los debates generados en torno al accionar de la justicia, la organización de Derechos Humanos recordó que los agentes penitenciarios son funcionarios públicos, por lo tanto los delitos que cometen no son privados.
En este marco, respaldó y manifestó su acompañamiento a las actuacionesde las autoridades judiciales locales Lucas Moyano y Viviana Beytía. En especial, diferenciaron la postura de los funcionarios locales de la de otros actores judiciales: "frente a este tipo de denuncias, el accionar habitual de la justicia fue no investigarlas" advirtieron.
En contraste, agregaron que "durante más de diez años, como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, la CPM ha constatado cómo los hechos de corrupción constituyen prácticas extendidas y sistemáticas dentro del SPB" y consideraron que "son parte esencial en el agravamiento de las condiciones de encierro y la vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas".
Para la entidad presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, los delitos de corrupción dentro del SPB "atentan contra la adecuada alimentación, el acceso a la salud, las óptimas condiciones de infraestructura y un régimen de vida digno. Todos estos elementos, en la medida que se niegan o restringen, se constituyen en prácticas de tortura y malos tratos" plantearon.
Frente a este panorama, la CPM realizó además una presentación a la Procuradora General de Provincia, María del Carmen Falbo, para apoyar la acción de la justicia en el caso y pedir el apoyo institucional para la investigación en curso.
Finalmente, emitieron un mensaje para la cartera de seguridad del gobierno bonaerense al considerar imperioso "fortalecer las políticas de investigación y sanción hacia adentro de la institución penitenciaria, promoviendo una participación activa y efectiva, como en este caso, de la Subsecretaria de Control Penitenciario y Gestión Institucional (o Asuntos Internos) del Ministerio de Justicia de la Provincia".
