Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló un amparo sobre el aumento de luz para la provincia de Buenos Aires, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se mostró menos contemplativo en una reunión que mantuvo ayer con las asociaciones de consumidores en donde rechazó brindar la información sobre costos para producir gas a las entidades previo a la audiencia pública del 16 de septiembre.
En este marco las organizaciones manifestaron que eso entraría en contradicción con el fallo de la Corte por lo que podrían pedir la nulidad de la próxima audiencia pública. Aranguren les dijo que “hagan juicio si quieren”, según detalló Página 12.
“Queremos advertir que la Corte dice que tenemos que discutir el valor del gas en boca de pozo. Distinto es decir que sólo vamos a analizar su traslado al sistema de distribución y transporte, tal como está planteado en la convocatoria a la audiencia”, indicó ayer Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Sin embargo el ministro de Cambiemos, ex Ceo de Shell, señaló que “esas son interpretaciones erradas del fallo de la Corte”.
A continuación el titular de Deuco, Pedro Bussetti, insistió sobre el tema y le respondió: “¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted? Queremos postergar la audiencia pública para tener un tiempo razonable de estudio de la documentación”. “Entonces haga juicio, la ley no establece un plazo mínimo para publicar la información”, dijo el ministro.
Pese a las declaraciones del ex ceo de Shell, la Corte Suprema había determinado que “la audiencia pública debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución”. También detallaron que el encuentro no puede ser un evento en el que se notifique lo ya decidido dado que “ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios en meros espectadores”.
Para el ministro los precios de referencia del gas son los valores de importación. Sucede que esto representa solo el 29 por ciento de la oferta del gas y el resto es producido por yacimientos locales. En este sentido las entidades de consumidores alertan sobre la situación ya que, tal como reconoce el máximo Tribunal, no hay posibilidad de un debate real si el precio del gas en boca de pozo, el aumento para las empresas de distribución y transporte e impacto social del tarifazo se analiza previo a la audiencia, sin mucho tiempo de investigación.
