Suprema Corte de México declaró inválido un artículo de la ley del estado central de México que autoriza el uso de la fuerza pública como primera opción durante protestas o manifestaciones.
El alto tribunal argumentó que "bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre", el uso de la fuerza puede ser concebido como "primera opción" para los policías en el desempeño de su trabajo.
Los agentes están en todo momento "constreñidos a evaluar si existen o no medios menos lesivos" para la consecución de su objetivo legal, detalló la Corte en su resolución, informó la agencia de noticias EFE.
Consideró que el principio de "absoluta necesidad" manda que los funcionarios utilicen medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego y, por ende, solo puedan usarla cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
Antes de recurrir a la fuerza, los miembros de los cuerpos de seguridad deben comparar "el objetivo legítimo que se pretenda alcanzar con la amenaza planteada", lo que requiere hacer un balance entre los beneficios de su uso y las consecuencias y daños que puedan ocasionar recurrir a ella.
La llamada Ley Atenco establece que la fuerza podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establece la norma, así como diversas disposiciones jurídicas, pero "es omisa en señalar cuáles serían tales supuestos y condiciones".
En su debate, la Corte desestimó la invalidez de conceptos como agresión inminente, legítima defensa, armas incapacitantes o intermedios y otros materiales o instrumentos a los que se refiere esta ley, al no alcanzar los votos necesarios.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública fue aprobada el 18 de marzo de 2016 en el Congreso del estado de México con la idea de para brindar certeza jurídica a los actos de autoridad, pero de inmediato fue criticada por organizaciones sociales que la vieron como un riesgo.
Es conocida como Ley Atenco en alusión a los operativos de la policía contra manifestantes de esa población que dejaron dos muertos en mayo de 2006, en los que se cuestionó la actuación de los cuerpos de seguridad.
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