El fallo de los camaristas Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra ratificó también embargos de 50 mil pesos para los imputados y rechazó el pedido del fiscal Pablo Mansilla para que se les dicte la prisión preventiva, al considerar que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar
Entre los acusados se encuentran el coronel (RE) Eduardo Jorge Sarmiento, el general de brigada (RE) Humberto Esteban Pompilio Ferrucci y el mayor (RE) Enrique Gentiluomo, los tres oficiales de Inteligencia del Ejército Argentino, implicados en nueve de las detenciones ilegales, entre ellas la de Néstor Kirchner (foto), en aquella época militante de la Juventud Peronista.
Las víctimas fueron detenidas por militares e integrantes de fuerzas de seguridad y alojadas en la Unidad Penitenciaria 15 del Servicio Penitenciario Federal, por orden de la Jefatura de Área 533, la jurisdicción creada en la región para conducir la represión ilegal.
La resolución también confirmó las imputaciones del gendarme Benito Palomo, por siete casos, y del jefe de División Seguridad Interna de la UP 15, Juan Ferruccelli, por los 29 hechos que consideró acreditados el tribunal, sobre un total de 36 que impulsa la fiscalía.
El objeto procesal de la causa son las privaciones ilegales de la libertad de las 36 víctimas y la aplicación de tormentos a dos de ellas. Las víctimas correspondían a diversos grupos, entre los cuales eran mayoría los militantes o dirigentes sindicales.
El 28 de febrero de 1977 fue secuestrado en Rio Gallegos por integrantes de la Inteligencia militar Humberto Jacinto Quiñonez, luego interrogado sobre su actividad y sobre la relación con otros miembros de la Juventud Peronista "tales como Cacho Vásquez, Néstor Kirchner, Pertierra, Alberto Maruco y César Vivar, y si se vinculaba con la organización Montoneros", indicó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
Kirchner y otras personas fueron detenidas el 15 de marzo de 1976, luego de comparecer a una citación en el Casino de Oficiales del Distrito Militar de Río Gallegos, como relató en el expediente Rafael Horacio Flores, detenido en las mismas circunstancias.
