En tanto, podría conocerse este mes la sentencia en otro juicio por crímenes del mismo tipo cometidos en Mendoza y que tiene entre los imputados a cuatro ex jueces. Además de estas dos emblemáticas causas sobre la participación o complicidad judicial con el terrorismo de Estado, en San Juan, Chaco y Salta hubo novedades procesales recientes en expedientes en los que están imputados integrantes o ex integrantes de la Justicia Federal.
En Córdoba, el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a juzgar el 25 de este mes al ex juez federal Miguel Ángel Puga (foto), el ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez, entre otros acusados por los delitos de torturas, secuestros y homicidios de los que fueron víctimas unos 70 prisioneros políticos que pasaron por la Dirección de Informaciones (D2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital cordobesa.
Los ex magistrados están acusados de incumplir deberes de funcionario público y de encubrimiento, por no haber impulsado la investigación de crímenes que parte de las víctimas denunciaron ante ellos.
En Mendoza, en tanto, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Alejandro Piña, declaró que pretenden dictar sentencia "cuanto antes", habilitó la posibilidad de que acusados del llamado "juicio a los jueces" usen el derecho a pronunciar las últimas palabras durante la feria judicial y estimó posible que dicten veredicto el 26 de julio, aunque aclaró que aún no fue fijada oficialmente la fecha de lectura de la sentencia.
Este cuarto debate oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza es conocido como el "juicio a los jueces" porque se juzga a cuatro ex magistrados, sobre un total de 34 imputados por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas más de 200 personas durante la última dictadura.
Por estos delitos están acusados militares retirados, ex policías, agentes penitenciarios y también los ex jueces Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo, estos cuatro últimos por complicidad y encubrimiento. El fiscal general Dante Vega pidió prisión perpetua para 12 de los acusados, entre ellos los cuatro ex magistrados, y 16 penas de entre 3 y 22 años de prisión para los restantes imputados.
Por otra parte, la actuación del juez Juan Carlos Caballero Vidal, miembro de la Corte Suprema de San Juan, comenzó a ser investigada este mes a partir de las declaraciones incriminatorias de un testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad en curso.
El abogado Pedro Luis Bayugar aseveró en una audiencia que, al presentar un hábeas corpus en favor de un docente detenido ilegalmente durante la dictadura, Caballero Vidal, que era juez penal, le pidió que se olvidara de todo y apoyó un revólver sobre su escritorio. A partir de esa declaración, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó remitir copia al Ministerio Público Fiscal para determinar si cabía o no abrir una investigación sobre el papel que tuvo en esos hechos Caballero Vidal, quien integra desde 1996 la Corte Suprema provincial.
En cuanto a una causa de lesa humanidad que tramita en Chaco, a su vez, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga de la prisión preventiva del ex fiscal federal Roberto Mazzoni, a la espera del juicio al que llegará imputado por complicidad en crímenes del terrorismo de Estado.
Será la primera vez que en Chaco se juzgue a ex funcionarios judiciales -el ex juez federal Luis Angel Córdoba y Mazzoni- por omitir investigar delitos reiterados cometidos por represores y asegurarles impunidad.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta convocó a ofrecer pruebas al ex juez federal Ricardo Lona, acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento de los autores materiales del secuestro y desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone.
El secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976, debía ser investigado en principio por la Justicia provincial, pero la Policía de Salta le dio participación a Lona, único juez federal en Salta en esa época, y el magistrado archivó el expediente sin realizar medidas de prueba. Lona está acusado también por omitir medidas investigativas respecto del asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, dos testigos del secuestro del ex gobernador salteño.
En otra causa contra Lona, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró inadmisible un recurso de la defensa del ex magistrado que pedía la nulidad de la designación del juez federal Daniel Bejas para que lleve adelante la etapa plenaria de la causa por la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de 11 presos políticos de la dictadura en esa provincia, el 6 de julio de 1976.
Lona está imputado como partícipe necesario de esa matanza de prisioneros en un supuesto "traslado" desde la cárcel de Villa Las Rosas, perpetrada en el paraje Palomitas, a la vera de la ruta nacional 34.
