A sus espaldas, el país ha cargado con el pesado bulto de la insolvencia del fisco, que, por el momento, ha sido desplazada de la discusión pública por la severa urgencia de los esfuerzos de recuperación.
Sin embargo, dado que el difícil cuadro fiscal no ha desaparecido, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sentenció ayer que el país se encuentra al borde de una crisis humanitaria que debe prevenirse tanto por el gobierno estatal como el federal.
“Si nosotros no podemos proveer para que la comida siga llegando de manera apropiada o para que tengamos acceso a energizar áreas que son infraestructura crítica, como salud, acueductos, etcétera, pues nos vemos más cerca de una crisis humanitaria”, sentenció. “Lo que estoy haciendo es una alerta con tiempo”.
El gobernador advirtió ayer en la mañana que, además de buscar asistencia federal para mitigar la devastación causada por María, Puerto Rico necesitará ayuda financiera para poner en marcha la recuperación y reconstrucción de la isla, también desde una óptica de revitalización económica.
Pero pasadas las 9:00 de la noche de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a Twitter para subrayar el deber de Puerto Rico de atender la deuda pública que ahoga las finanzas del estado.
“Puerto Rico, que ya estaba sufriendo por una infraestructura rota y una deuda enorme, está en graves problemas. Su vieja red eléctrica, que estaba en terribles condiciones, está devastada. Gran parte de la isla está destruida, con miles de millones de dólares adeudados a Wall Street y a los bancos, algo con lo que tristemente se debe lidiar. Los alimentos, el agua y las medicinas son la prioridad -y están funcionando”, escribió.
Movimiento federal
Durante el día de ayer, Rosselló Nevares recalcó en varias ocasiones que, con la crisis fiscal como telón de fondo, el panorama que hoy enfrenta Puerto Rico es “un desastre mayor”.
“Mi petición al Congreso es que la cantidad del paquete de asistencia tiene que ser consecuente con los daños. Tenemos que estar seguros, además, que haya flexibilidad en ese financiamiento -porque Puerto Rico no puede operar sin esa flexibilidad-, y en tercer lugar, tiene que haber financiamiento -sea a través del (Departamento federal del) Tesoro o la Reserva Federal-, para que Puerto Rico pueda operar”, afirmó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares le solicitó ayer al gobierno federal una dispensa para que exima a Puerto Rico de aportar el 25% requerido para recibir las ayudas de emergencia de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). “Eso va a ser para los componentes de infraestructura y de familia”, explicó el gobernador.
A su petición se unió la comisionada residente Jenniffer González, quien envió una carta al propio Trump para que FEMA costee por completo -y no por pareo-, las ayudas de emergencia para remediar los estragos de María, dado que “Puerto Rico no es capaz de alcanzar el pareo requerido”, lo que, según González, podría causar “largos retrasos” para recibir la asistencia federal necesaria para la limpieza y las reparaciones de instalaciones e infraestructura.
A su vez, la funcionaria le solicitó a los directivos de los departamentos federales de Energía, Transportación y Agricultura, así como a la Administración federal de Pequeños Negocios, que identifiquen las ayudas que puedan proveer para la reconstrucción.
A la par, siete congresistas demócratas -incluidos los cuatro puertorriqueños de la Cámara de Representantes-, solicitaron ayer la suspensión para Puerto Rico de la vigencia de las llamadas leyes de cabotaje en medio de la emergencia.
“La destrucción en Puerto Rico es devastadora, y necesitamos todas las herramientas a nuestra disposición para ayudar a recuperar y reconstruir”, manifestó José Serrano, representante de Nueva York.
Bajo las normas federales de cabotaje, contenidas en la Ley Jones de 1920, la entrada de mercancía a Puerto Rico solo puede realizarse en barcos de bandera y tripulación estadounidenses -la flota más costosa del mundo-. Aunque después del huracán Irma, el Departamento de Seguridad Interna suspendió temporalmente la vigencia de esas normas, la administración de Trump ya se expresó en contra de eximir a la isla, reportó ayer la agencia de noticias Associated Press.
Por otro lado, la coalición Hedge Clippers, funcionarios electos y líderes sindicales en Estados Unidos reclamaron hoy desde Nueva York que se cancele la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica debido al estado en que quedó su infraestructura.
Alarma por la seguridad
Mientras en la escala federal se libra la batalla para allegar ayuda contundente para la recuperación de la isla, el efecto del fenómeno natural sigue manifestándose en el interior de la isla. El combustible, el agua potable, los suministros alimenticios, el servicio de energía eléctrica, la vivienda y la seguridad siguen siendo las áreas de prioridad para la ciudadanía.
Hasta ayer, se había rescatado a 5,500 personas en todo el país. Rosselló Nevares precisó que, debido a que muchas de las operaciones urgentes de rescate ya se han concretado, podrá dedicar más recursos al área de seguridad, tanto para que los suministros de primera necesidad lleguen a los municipios como para proteger a los ciudadanos.
“Necesitamos más recursos de ley y orden aquí en Puerto Rico. Nuestros oficiales han hecho un trabajo extraordinario. Están limitados en cantidad, pero han duplicado horas para poder servirle al pueblo… Tiene que haber unos relevos”, expresó.
Cerca de 1,300 soldados fueron movilizados para atender diversas labores de emergencia. El portavoz de la Guardia Nacional, Paul Dahlen, indicó que podrían llegar más policías militares de Estados Unidos para trabajar mano a mano con la Policía en el control del tráfico, el toque de queda, la seguridad y los refugios, así como para labores de limpieza.
El gobierno informó que la Policía ha arrestado a 28 personas por supuestamente violar el toque de queda -que sigue vigente de manera indefinida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. hasta nuevo aviso-, y suman 36 los arrestos por presuntos escalamientos y daños a la propiedad.
A su vez, pese a que el gobernador ya logró entablar contacto con los 78 municipios, desde el interior de los pueblos, las voces de alerta siguen multiplicándose, entre reclamos por suministros y gritos de ayuda para activar la recuperación.
El alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez, urgió acción inmediata por parte de la Policía y el gobierno central para proteger a sus ciudadanos contra sujetos que, aseguró, han aprovechado la emergencia para cometer actos delictivos. El ejecutivo municipal de Río Grande, Ángel “Bori” González, denunció que la ayuda del gobierno no ha llegado a su pueblo, donde ya escasean los alimentos y el agua. El alcalde de Manatí, José Sánchez, exigió literalmente a gritos en el Centro de Convenciones que lleven agua a su pueblo, y personal de emergencias de Las Marías clamó hoy por el envío urgente de personal y equipo de la Guardia Nacional para abrir camino al pueblo y tener acceso a suministros.
Mientras, el 40% de los mayoristas de combustible distribuyen gasolina y diésel con 200 camiones que salen al día; 40% de los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tienen servicio de agua y algunos sectores de Bayamón y Hato Rey tienen luz porque se han beneficiado del restablecimiento de la energía eléctrica en el Centro Médico, el Cuartel General y el Hospital HIMA San Pablo.
