“En Chaco hay una muy buena articulación entre las organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y el gobierno de la provincia, lo que hizo posible este avance institucional único en la materia en todo el país”, dijo Goya, que señaló que “el fruto de esa interacción también sirvió para realizar aportes a las causas por crímenes de lesa humanidad, como efectivamente sucedió en los casos juzgados por la ‘Masacre de Margarita Belén’, ‘Caballero I’ y de otras que están sustanciando”.
A la vez, destacó que “Chaco es una de las pocas, sino la única, que como Estado provincial es querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad, una actitud asumida por el ex gobernador Jorge Capitanich y luego por su sucesor, Domingo Peppo”.
“La primera señal de que la búsqueda era un objetivo que tenía sentido fue que en diciembre de 1976 aparecieron cuatro cuerpos en la costa de Empedrado, Corrientes, y que fueron sepultados sin identidad”, dijo al fundamentar la tarea que se remitió al gobernador.
Señaló que “la realidad confirmó" sus investigaciones preliminares "porque la inhumación realizada en 2006 permitió que en 2014 se identificara a uno de los militantes desaparecidos en la Masacre de Margarita Belén, Julio Andrés ‘Bocha’ Pereyra”.
"El área geográfica a investigar es inmensa porque comprende a la zona costera y algunas islas del río Paraná a su paso por Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe”, dijo, y agregó que pese “a la falta de recursos" hay "muchas ganas de trabajar para la búsqueda de la verdad”.
El secretario de Derechos Humanos dijo que también que se tiene en cuenta “el testimonio del represor Norberto Tozzo sobre el destino de los cuerpos de los militantes de la Masacre de Margarita Belén porque, tras ser detenido, en 2011, dijo que los cuerpos fueron posteados (descuartizados) y arrojados al rio Paraná”.
Relató también que en la investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, “se realizaron más de sesenta entrevistas” y que “cada testimonio abre camino hacia otros testigos y lugares probables de entierros”.
“Solamente algunas de las personas accedieron a brindar testimonio formal ante la justicia para aportar datos que contribuyan a los procesos de búsqueda e investigación, y de las demás se mantiene en reserva sus identidades”, acotó.
El informe producido por “Unidad Provincial de Búsqueda del Destino Final de las Personas Desaparecidas” vinculadas al Chaco “tiene el testimonio de los pescadores de localidades de la costa del río Paraná con veinticinco audios que se exponen como prueba y que suman más de veinticinco horas de grabación”, dijo.
Sobre ese punto sostuvo que “hay relatos coincidentes que dan indicios de que por el río pasaron muchos más cuerpos que los cuatro que fueron denunciados y que podrían estar vinculados a hechos de la dictadura”.
Incluso, aseguró que “algunos testimonios son directos de personas que vieron los cuerpos", en tanto que "otros transmiten el relato de sus familiares”.
También dijo que “a comienzos de 2016, se iniciaron las excavaciones a orillas del arroyo Guaycurú, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta Nacional N° 11, en proximidad del lugar donde se habría producido la masacre de Margarita Belén para la localización de una fosa común” aunque las tareas realizadas por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) que llegaron a la provincia para prestar colaboración "no dieron resultados positivos”.
