“Hay un cambio firme en la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, privilegiando primero el diálogo pero si no es la herramienta elegida, se aplican políticas de persecución penal”, señaló en declaraciones al Río Negro. Un cambio en consonancia con los discursos nacionales, que acusan a grupos indígenas de terroristas como estrategia para aislarlos y superar sus resistencias.
Hay que remontarse a 1996 para encontrar una situación similar a lo sucedido esta semana. En diciembre de aquel año cuatro dirigentes mapuches permanecieron detenidos por la “usurpación” de 42 mil hectáreas en lo que se conocía como la Corporación Interestadual Pulmarí en las cercanías de la cordillerana Aluminé. Mientras que en 2007 una situación similar fue vivida por Martín Maliqueo, por entonces lonko de la comunidad Logko Purran, que había sido denunciado por usurpación por la empresa petrolera Apache.
Con el desalojo y las detenciones de esta semana, la provincia de Neuquén se suma a las políticas nacionales que, junto al envío de tropas federales a los territorios, estigmatizan al Pueblo Mapuche y deslegitiman de sus demandas.
Los titulares en medios regionales y las declaraciones de funcionarios judiciales, en relación al secuestro de armas y drogas en el allanamiento realizado en Fvta Xayen, no guardan relación con lo sucedido luego en sede judicial provincial ni en la Justicia Federal, donde fue relativizada la gravedad de las imputaciones.
Lo sucedido está en sintonía con la campaña fogueada desde la prensa hegemónica, que proyecta la imagen de los mapuche violentos, justifica el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala en Esquel y siembran dudas en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El megaproyecto Vaca Muerta encuentra en ese discurso criminalizador otra fuente de legitimación para la ocupación territorial que implica el fracking.
En noviembre caduca la Ley 26160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que impide los desalojos hasta que se hayan mensurado todos los territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas.
En Neuquén, si bien concluyó el trabajo técnico en más de veinte comunidades, el gobierno no aprobó con su firma el relevamiento de ninguna de ellas, por lo que de de no revertirse esta situación, en los próximos meses quedará allanado el camino para el avance de diversos proyectos sobre territorios que hoy se encuentran en conflicto. Territorios vacíos más rentables para la expansión petrolera y extractivista en general.
Línea de tiempo represiva
El 3 de junio el lof Fvta Xayen impidió su desalojo, ordenado por el fiscal Marcelo Silva, competencia que sólo tienen los jueces. Un centenar de miembros de distintas comunidades se hicieron presentes a la hora prevista para realizar la diligencia y la policía provincial se retiró del lugar sin poder cumplimentarla. El mismo fiscal fue quien reiteró el pedido el miércoles pasado.
El 14 de junio el juez en lo civil Gustavo Belli ordenó el desalojo de la sede comunidad Puel Pvjv, ubicada en un barrio popular de la ciudad de Neuquén. Una presentación judicial impidió que la resolución se concretara pero todavía amenaza la vida cotidiana de la comunidad.
El 21 de junio Gendarmería Nacional ingresó en el territorio de la comunidad Campo Maripe, ubicada 10 kilómetros al norte de Añelo. La participación de esta fuerza federal, asentada desde entonces permanentemente en la localidad, exponía una nueva arista; la intervención directa del Gobierno Nacional para garantizar la explotación de hidrocarburos. El 13 de julio la situación se repitió y nuevamente la comunidad se mantuvo en el lugar.
El 25 de agosto el fiscal Pablo Vignaroli acusó de usurpación a 21 integrantes de Fvta Xayen por las tierras ubicadas a la vera de la ruta provincial 7, entre los kilómetros 75 y 82, en donde permanecieron hasta que fueron desalojados.
El 7 de setiembre, Juez de Garantías Lucas Yancarelli declaró “en rebeldía” a los miembros de la comunidad Campo Maripe y ordenó su captura para poder concretar la audiencia de formulación de cargos. Al día siguiente las seis autoridades comunitarias se presentaron en el juzgado y fijaron fecha para una nueva audiencia, que se concretará el 26 de setiembre.
El 12 de setiembre, tres comunidades mapuche del sur de la provincia de Neuquén sufrieron allanamientos bajo el pretexto de la búsqueda de Santiago Maldonado. Primero fueron tres comunidades del Consejo Zonal Wijice (Sur, zona de Junín de los Andes); se trata de las comunidades Raquithue, Lafkenche y Paynefilu que fueron hostigadas por Gendarmería Nacional en horas de la madrugada, sin orden judicial y sin mediar consulta a las autoridades comunitarias.
Al día siguiente ocurrió un nuevo hecho de similares características en territorio del Consejo Zonal Lafkenche (Los Lagos, zona de Villa la Angostura) en el Lof Kinxikew. La comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal, delegación San Martín de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar al territorio comunitario. El mecanismo fue similar a las anteriores: sin orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, y solamente con un rompeviento y visera con identificación de la Policía Federal Argentina. Las autoridades comunitarias lograron impedir que ingresara al territorio.
Por Fernando Cabrera, para ANRed
