El golpe policial tuvo lugar a 10 días de la fecha marcada para el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y fue considerado todo un acto de "agresión" del Ejecutivo central español del conservador Mariano Rajoy, al que el presidente catalán, Carles Puidemont, acusó de haber traspasado la "linea roja" que separaba a España de un "régimen autoritario y represivo".
"La desobediencia de la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia", respondió el presidente del gobierno español Rajoy, quien reiteró que "hará cumplir la ley", por lo que recomendó a los independentistas catalanes que "cesen de sus actividades ilegales" porque el referéndum "ya no es más que una quimera imposible".
A primera hora de la mañana, cumpliendo con órdenes de un juez de Barcelona, los agentes entraron en las oficinas del Departamento de Economía, Hacienda, Exteriores y Presidencia, y concretamente al Centro de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Atención Ciudadana, confirmaron a Télam fuentes del gobierno.
El objetivo era desmantelar el sistema operativo -tanto material como informático- con que el gobierno catalán pretendía llevar a cabo la votación ilegal.
En total, se produjeron 14 detenciones, entre ellas las de altos cargos del área económica que dirige el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. El nombre más destacado es el de Jose M. Jové Lado, secretario general de Hacienda, quien al declarar solicitó un "habeas corpus" por considerar que su arresto es ilegal y recusó al juez, por ser el mismo que ordenó el operativo.
"La causa está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricato y malversación y son una veintena las personas que tienen la condición de investigadas", explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado.
Además, se llevaron a cabo 41 allanamientos, uno de ellos a un polígono industrial de la localidad de Bigues i Riells, donde la Guardia Civil incautó casi 10 millones de boletas de votación, carteles con la leyenda "local electoral" y actas de listas numerada de votantes con la inscripción 'referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017', informó el Ministerio del Interior español.
Por otro lado, la Policía Nacional española intentó acceder a la sede del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), los socios minoritarios del gobierno catalán, pero la alerta de sus dirigentes a los militantes a través de las redes sociales provocó una protesta tensa en el lugar, que logró paralizar el operativo hasta que fue abortado al caer la noche.
Cerca de un millar de jóvenes, algunos sentados en el suelo frente a los furgones policiales y con claveles en las manos, celebraron el éxito con consignas como "fuera las fuerzas de ocupación" o "las calles serán siempre nuestras".
La reacción ciudadana al operativo policial lanzado contra el referéndum, fue contundente desde el arranque de la jornada, cuando decenas de personas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía catalán, uno de los lugares donde se estaban llevando a cabo los allanamientos, con banderas independentista y al grito de "Votaremos" y "No pasarán".
Mientras la protesta proliferaba en distintos puntos de la ciudad condal ante las diferentes sedes del gobierno allanadas por la policía, Rajoy afirmó desde el Congreso de Diputados de Madrid que el operativo "se ha hecho por decisión del juez" para que "se cumpla la ley".
"Lo que hemos visto en Cataluña es un intento de liquidar la Constitución, algo que no tiene precedentes. Hay una gente que se está saltando ley, el propio Estatuto, y el Estado tiene que reaccionar", argumentó el líder del Partido Popular (PP) después de que el diputado Gabriel Rufián, de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), le exigió que "sacara sus sucias manos" de las instituciones catalanas.
Sin embargo, tanto el gobierno catalán como las fuerzas de izquierda vinculadas a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideraron que el Ejecutivo central de Rajoy dio un paso sin precedentes en su deriva autoritaria respecto a Cataluña.
"El gobierno de Cataluña ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior del gobierno español con el objetivo de impedir que el conjunto de catalanes se puedan expresar en libertad y paz el día 1 de octubre; y con el propósito de suspende la actividad del gobierno surgido de las urnas el día 27 de septiembre de 2015", dijo Puigdemont a través de un mensaje institucional desde el Palacio de la Generalitat.
"Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un Estado de excepción. Las libertades están siendo suspendidas y reprimidas", añadió.
Tras condenar y rechazar "la actitud totalitaria y antidemocrática" del Estado español y de un gobierno que "ha enseñador el rostro intolerable", Puigdemont ratificó que el referéndum del 1 de octubre se va a celebrar y llamó a los catalanes a defender con su voto la democracia.
Por su parte, Colau pidió a los barceloneses que salgan a la calle para "defender las instituciones catalanas y el autogobierno" de la "deriva represora" que, en su opinión, está protagonizando el Ejecutivo central de Rajoy, al que pidió que "rectifique", "devuelva el autogobierno" de Cataluña y abra una "vía de diálogo".
Entrada la noche, miles de catalanes, en su gran mayoría independentistas, seguían concentrados en la zona de la sede del Departamento de Economía catalán de forma pacífica y festiva, mientras en otros puntos de España, en ciudades como Madrid y Bilbao, se producían concentraciones en solidaridad con los catalanes, animados por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el histórico líder separatista vasco Arnaldo Otegi.
