A través de una denuncia pública, la coordinadora municipal de cultivadores de coca, marihuana y amapola del municipio de Toledo, la Asociación de Campesinos de Briceño, la Asociación de Campesinos de Sabanalarga, el comité de Derechos Humanos del Norte de Antioquia, el Comité de Barequeros del Norte de Antioquia y miembros de Marcha Patriótica Antioquia, dieron a conocer un nuevo asesinato de un líder social.
Se trata de Ramón Alcides García Zapata, un reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en del Alto de Chiri, en el municipio de Briceño (Antioquia), y quien además pertenecía al movimiento Marcha Patriótica.
De acuerdo con la denuncia, el líder fue asesinado el pasado 27 de octubre a las 2:00 p.m. cuando se dirigía a su casa en la carretera que conduce a la vereda Alto de Chiri. “El asesinato se da luego de que Ramón Alcides García Zapata regresaba del municipio de San Andrés de Cuerquia tras recibir el pago mensual contemplado en el proceso de sustitución voluntaria”, señala el texto.
Las organizaciones sostienen que este hecho pone en riesgo el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga pues las comunidades no tienen las garantías necesarias para liderar y hacer parte activa de la iniciativa.
“Las comunidades del norte y occidente de Antioquia en territorios donde hay presencia de cultivos de hoja de coca nos encontramos permanentemente bajo amenazas, persecuciones, estigmatización y peligro de muerte evidenciado en el crimen acá denunciado, toda vez que la presencia permanente del ejercito sofoca y asedia con constantes operativos militares que vienen en proceso de aumento en intensidad y agresividad, dejando a las comunidades en un callejón sin salida frente a la erradicación forzada impuesta por esta lógica militar y su voluntad manifiesta de participar en procesos de sustitución voluntaria que no se ha iniciado por no encontrarnos en zonas priorizadas”, agregan.
Señalan, además, que pese a que ha habido últiples denuncias, provenientes incluso de la misma Defensoría del Pueblo, sobre los peligros para los movimientos sociales y las organizaciones campesinas. “nuestra voz parece llegar oídos sordos pues seguimos a merced de la muerte y los peligros sobre las múltiples vulnerabilidades aumentan con cada voz que elevamos por la búsqueda de la vida digna, los sueños y la construcción de la paz territorial que esperamos con el anhelo de disfrutar un fututo con justicia social”.
En ese sentido, las organizaciones pidieron al Gobierno que adelante las acciones necesarias para ganatizar los derechos de las comunidades y que se inicien las investigaciones para determinar los responsables del crimen.
Asimismo, responsabilizaron “al Estado Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, al ministerio de Defensa, y al ministerio del Interior, por los graves atentados contra los derechos humanos ocurridos el 27 de octubre en el la vereda Alto de Chirí del municipio de Briceño”
