“Se declara inconstitucional y nula la declaración de independencia del 27 de octubre”, reza en el texto del TC que ya había suspendido cautelarmente el 31 de octubre dicha proclamación, aprobada por la mayoría secesionista del Parlamento catalán, lo que motivó la toma de control de la región por parte del Gobierno central español, presidido por Mariano Rajoy.
El 27 de octubre, las autoridades de Cataluña fueron destituidas como resultado de medidas acordes con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española presentadas por el Ejecutivo central en respuesta a la declaración “ilegal” del Parlamento catalán para separar esta región nororiental de España.
Del mismo modo, el TC ha tomado la decisión de denunciar ante la Fiscalía General del Estado a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a varios miembros de la Mesa de la Cámara por “desobedecer” sus sentencias.
“La actuación de la presidenta del Parlamento y de los restantes miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de las resoluciones impugnadas constituye un incumplimiento de su deber objetivo de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional”, precisa dicha corte.
Se declara inconstitucional y nula la declaración de independencia del 27 de octubre”, indica el Tribunal Constitucional (TC) de España mediante un comunicado.
Además, el pleno del TC ha dejado sin efecto la imposición de la multa de 12.000 euros diarios impuesta al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, por formar parte de la sindicatura electoral del plebiscito del 1 de octubre.
Asimismo, a Montserrat Vidal i Roca, quien era la jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, se le ha levantado igualmente su sanción, que en su caso ascendía a 6000 euros diarios.
En la actualidad, varios altos cargos de la Generalitat se encuentran en la cárcel por decisión de la juez Carmen Lamela, mientras que sobre el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, pesa una orden de arresto.
Por su parte, Puigdemont ha denunciado que no fue cesado por la ley sino por “un golpe ilegal del Estado español” y ha advertido de que llevará al Gobierno español ante las instancias judiciales internacionales.
