Así es como cada pensada fecha de detención roza los montajes cinematográficos de Hollywood que relegan muy prolijamente cuestiones de coyuntura preocupantes como son la reforma laboral a pedir de los empresarios “inversionistas” y el deterioro en la vida de los trabajadores y trabajadoras que esto implica.
Sin embargo, más allá de la satisfacción de que cada culpable pague por el grado de responsabilidad que haya tenido, son repudiables las formas con las que proceden, las garantías que eliminan jueces y gobierno en cada operativo donde no se honra el decoro ni el respeto a la intimidad.
Igual de grave es cómo se destruye la calidad institucional a fuerza de prepotencia y generando un ansia de revancha que va a terminar haciendo explotar todo más temprano que tarde.
Todos queremos que Boudou pague por lo que hizo (la CTA-A misma lo bajó de un acto en el que se coló por considerarlo uno de los responsables que actuó en contra de los intereses de los argentinos y empobreció nuestro país), pero jamás podemos avalar esta barbarie fuera de toda ley, porque si dejamos pasar por alto estos procedimientos, mañana puede ser cualquiera de nosotros a quienes lleven presos sin previo juicio ni proceso.
Mientras tanto, caemos en otra mentira: Pensar que porque se hace justicia con quienes robaron un país de la mano de hechos corruptivos, el actual gobierno está lleno de carmelitas descalzas incapaces de tomar un alfiler ajeno.
Por eso, si en verdad queremos castigo y terminar con la corrupción, tenemos que ser conscientes que existen jueces vendidos, corrompidos por el gobierno, que tienen cuentas con la justicia, que deben explicaciones como Lijo o el juez Javier De Gamas Soler acusado mediante videos que comprueban cómo cobraba coimas por la causa AMIA, que no tienen ni conducta ni moral para disponer de humillantes detenciones ni tampoco para juzgar a nadie.
*Por Pablo Micheli
