Más allá del interés humano de las historias personales, lo que queremos pensar es que se puede romper el mandato de silencio, que esa deuda que heredamos y no deseamos, la podamos transformar en algo bueno. Que cuando la reciban nuestros hijos, no les llegue una historia de horror, sino una historia en la que triunfa la justicia.
Hay miles de familias esperando por encontrar a su ser querido que nuestros padres... los genocidas...se encargaron de hacer desaparecer, después de torturarlo. A algunos de nosotros nos tocó escuchar algún relato de esos actos que llamaban "el hábil interrogatorio" y que para ellos eran -y siguen siendo- actos heroicos; pero para nosotros no lo son. Nosotros no creemos que haya sido una guerra. No, de ninguna manera.
Si un individuo o grupo de individuos comete un delito, para sancionarlo por su conducta, está la ley. Pero cuando un Estado comete delitos contra sus ciudadanos con todo el poder de sus fuerzas de Seguridad, de sus Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, con el poder entero del Estado delinquiendo, siendo que su obligación es protegernos ¿a quién recurrimos? ¿Y qué delito puede justificar que el Estado, ejerciendo su poder, te torture o te anestesie y te tire desde un avión al mar?.
¿Qué actos pueden justificar que el Estado te haga eso?.
¿Y las leyes? ¿Para qué están?.
Son actos terribles, son crímenes de lesa humanidad; los crímenes más horrorosos que puede cometer un ser humano. No es arbitrario que estén catalogados así. La humanidad en su conjunto es lastimada por este tipo de accionar. Por eso hay una necesidad urgente de actuar, para mitigar el dolor que padecen todas esas familias que tienen a alguien desaparecido: padre, madre, hermano, primo, hijo, nieto... el lazo más fuerte que puedas imaginar entre dos personas...
Y esa persona te falta. Por eso pedimos, en este proyecto de ley, modificar dos artículos del código procesal penal. El 178, para que nos permitan denunciar, y el 242 para que nos permitan declarar. Así, de esta manera, romper ese mandato de silencio que pesó sobre nosotros tanto tiempo, sin dejarnos respirar.
Lo desobedecemos. Y nos plantamos. Y empezamos a hablar. Con la ley de nuestro lado. Porque no queremos heredarle esto a nuestros hijos, queremos transformarlo en justicia.
Y para eso, es necesario que los responsables sean juzgados, y de ser encontrados culpables, que cumplan, con prisión efectiva, su condena.
Y no es cuestión de obligar a nadie a nada, porque entendemos profundamente el proceso que se atraviesa y cómo cuesta superar la negación. A algunos de nosotros nos pasa, con nuestros propios familiares, que no pueden todavía enfrentar esto, y no podríamos apurarlos en su proceso interno.
Levantar la prohibición no obliga. Suma el derecho a declarar, sin atentar contra el derecho a no declarar. El denunciar o atestiguar es voluntario.
Para esto, necesitamos el apoyo de la sociedad y que nuestros legisladores levanten el proyecto de ley que fue presentado en mesa de entradas y que lleva el número 126 del 7/11, y que lo traten en comisión, lo lleven a votación, aprueben la ley, la promulguen y la reglamenten, porque lleva mucho tiempo y estamos atrasados en el reparto de justicia. Muy atrasados, y los protagonistas de estas historias se están muriendo, impunes los culpables, y sin que las víctimas reciban la merecida justicia por la que vienen luchando hace más de cuarenta años.
Esto lastima a la sociedad en su conjunto. Es necesario actuar ya, si queremos, como sociedad, empezar a sanar las heridas. Sin justicia, no hay República.
(*) Integrante de Historias Desobedientes, colectivo que agrupa a hijos de represores de la dictadura y personas acusadas de cometer crímenes en el contexto del terrorismo de Estado.
