Las magistradas resolvieron que el expresidente y su hijo deben devolver al Estado un total de $419,145.09. Según el fallo, Funes no pudo justificar $206,660.55, mientras que su hijo no determinó el origen lícito de $212,484.54. Además, la cámara decidió absolver a la ex primera dama Vanda Pignato, a quien la Fiscalía General de República (FGR) pidió reintegrar $145,136.77.
El tribunal dijo que ella logró comprobar que su ex esposo realizó los pagos objetados.
La cámara también resolvió inhabilitar al expresidente de ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. Además, trasladó el costo de los gastos incurridos en el proceso a los dos responsables de enriquecerse de manera ilícita.
Funes reaccionó minutos después de conocer el fallo en su contra. Escribió en su cuenta de Twitter que apelará la decisión de la cámara ante la Sala de lo Civil, por lo que la sentencia aún no puede quedar en firme. La sala, sin embargo, deberá integrarse por magistrados suplentes, pues los titulares ya conocieron sobre el caso.
“La ley en base a la que fuimos juzgados establece que hay enriquecimiento ilícito cuando no se logra justificar la procedencia lícita del incremento patrimonial y se presume que los recursos fueron sustraídos al Estado. Ni la FGR ni la cámara demostraron que eso haya ocurrido”, escribió Funes. En el mensaje también anexó algunos artículos de la Ley Especial sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El fiscal del caso, Héctor Naúm Martínez, hizo notar que los argumentos emitidos por Funes desde Nicaragua, donde se encuentra en calidad de asilado político, no tienen asidero legal: “(Funes) no entiende el concepto, solamente se queda con la descripción genérica que hace la Constitución en el artículo 240. El desarrollo de esa norma la encontramos en la Ley Especial de Enriquecimiento Ilícito y el concepto es: un incremento patrimonial del cual se desconoce su origen”.
Funes reaccionó minutos después de conocer el fallo en su contra. Escribió en su cuenta de Twitter que apelará la decisión de la cámara ante la Sala de lo Civil, por lo que la sentencia aún no puede quedar en firme. La sala, sin embargo, deberá integrarse por magistrados suplentes, pues los titulares ya conocieron sobre el caso.
“La ley en base a la que fuimos juzgados establece que hay enriquecimiento ilícito cuando no se logra justificar la procedencia lícita del incremento patrimonial y se presume que los recursos fueron sustraídos al Estado. Ni la FGR ni la cámara demostraron que eso haya ocurrido”, escribió Funes. En el mensaje también anexó algunos artículos de la Ley Especial sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El fiscal del caso, Héctor Naúm Martínez, hizo notar que los argumentos emitidos por Funes desde Nicaragua, donde se encuentra en calidad de asilado político, no tienen asidero legal: “(Funes) no entiende el concepto, solamente se queda con la descripción genérica que hace la Constitución en el artículo 240. El desarrollo de esa norma la encontramos en la Ley Especial de Enriquecimiento Ilícito y el concepto es: un incremento patrimonial del cual se desconoce su origen”.
El fiscal agregó que las magistradas resolvieron certificar el expediente a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal sobre las cuentas de Funes.
Durante la audiencia probatoria, la Fiscalía determinó que Funes, su hijo y la ex primera dama Vanda Pignato se habían enriquecido de manera ilícita por $1,234,732.67, lo que representaba más de medio millón de dólares adicionales de los $728,329.74 señalados por al Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Las magistradas resolvieron ayer que el monto debía reducirse a $419,145.09, debido a que la Fiscalía sumó montos de manera repetida e incluyó transferencias financieras realizadas fuera del período de gestión del exmandatario y su familia.
La cámara también decidió admitir como ingreso el crédito rotativo por $250,000 que la sociedad Agrosuministros S. A. de C. V. dio a Funes en 2013, pese a que la Fiscalía acreditó que dicha empresa no tenía la capacidad financiera para entregar esa cantidad de dinero en calidad de préstamo.
Además, las magistradas tomaron la decisión de no tomar en cuenta como ingreso los $639,603.71 que supuestamente el ex presidente recibió en efectivo de la liquidación del Movimiento Amigos de Mauricio. Esto se debe a que, a juicio de las magistradas, no se logró demostrar que el exmandatario recibió ese dinero.
El tribunal también dejó fuera de la cuantía de ingresos de Funes los $121,500 que presuntamente recibió en 13 cheques por parte de la sociedad Multimedia S. A. de C. V. Tampoco contabilizó como ingreso el dinero proveniente de un préstamo otorgado a Funes por el abogado Fabio Castillo. Funes justificó ingresos por $43,200 ante Probidad con una carta en la que Castillo avisó que ese monto pudo haber sido parte del préstamo realizado.
En cuanto a Diego Funes Cañas, la cámara resolvió que tuvo un saldo negativo de $94,600 en la venta de seis carros y que movió $117,884.54 en dos cuentas bancarias. No admitieron el argumento presentado por el abogado de Funes Cañas, quien ofreció un escrito en el que la madre del joven, Regina Cañas, afirmó que transfirió a su hijo dinero que ella recibió por un crédito personal por $90,000.
La Fiscalía tiene abierta actualmente una investigación penal en contra de Funes por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La Fiscalía, ante la solicitud que le hizo ayer la Cámara Segunda de lo Civil, puede también iniciar un proceso de extinción de dominio contra el expresidente Funes.
La Fiscalía solicitó recientemente algunas diligencias de allanamientos y acreditaciones de testigos en el marco de la investigación penal en contra del exmandatario y algunos empresarios que estuvieron cerca de Funes durante su gestión.
Luego de los allanamientos realizados por al Fiscalía, el expresidente decidió huir hacia Nicaragua, país en el que se autoproclamó como perseguido político para solicitar un asilo que le fue otorgado por las autoridades del vecino país de forma rápida.
$206,660.55: es el monto que la Cámara Segunda de lo Civil determinó que no pudo justificar el expresidente de la república Mauricio Funes.
$212,484.54: es la cantidad que la Cámara Segunda de lo Civil fijó como crecimiento patrimonial injustificado por el hijo del expresidente, Diego Funes Cañas.
Plazo
Los fiscales explicaron que la devolución de los fondos, los pagos de los gastos procesales y la inhabilitación de Funes son elementos que se harán efectivos cuando quede en firme la sentencia. Hasta que se resuelvan todos los recursos que se podrían interponer. Funes anunció que apelará al fallo.
