El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata hizo lugar a un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata y recibirá este lunes al mediodía la declaración anticipada de los hermanos Alejandro, María Ester (foto) y Carlos Ramírez, y el de su padre, Julio Ramírez, quienes declararán por videoconferencia desde la sede diplomática Argentina en Copenaghe, Dinamarca, hasta donde se trasladarán desde Suecia, donde residen desde finales de la última dictadura cívico militar.
La declaración de los tres hermanos y su padre será en definitiva el primer acto del juicio oral y público en el que se juzgará los delitos de sustracción y ocultamiento de los niños -en 1977, cuando se iniciaron los hechos, tenían 2, 4 y 5 años de edad, respectivamente-, la alteración de su estado civil y los abusos sexuales cometidos durante su cautiverio en el Hogar Casa de Belén de Banfield, donde fueron confinados por orden judicial y negados a su familia biológica.
El 8 de mayo pasado se celebró la audiencia preliminar y, primeramente, se fijó el 28 de agosto como día del comienzo del debate. Finalmente, el inicio se postergó para el 4 de diciembre, en una decisión que alarmó a la Fiscalía. Pero el tribunal decidió suspenderlo sin nueva fecha porque días atrás uno de los dos acusados, el "padrino" del hogar, Juan Carlos Milone, sufrió un problema de salud que le dificulta su movilidad y su posibilidad de asistir al debate. La otra acusada en este proceso es la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer.
Ante la suspensión, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, requirieron al tribunal que no suspenda la audiencia. Hicieron foco en "los principios y directrices que protegen la situación de las víctimas de delitos traumáticos en su participación en el proceso".
Destacaron que el tribunal debía tener presente que "las declaraciones testimoniales previstas para el próximo lunes pueden significar el punto más alto de la reparación al que puedan acceder las víctimas de la causa, que han aguardado más de 30 años para poder manifestarse sobre los hechos tan graves que han padecido, con lo cual, el inicio cierto de la audiencia luego de las postergaciones que ya hubo, es sumamente importante para ellos, habiéndose preparado emocionalmente y organizado como familia para poder comenzar este lunes".
"Entendemos que deben readecuarse los dispositivos procesales a los fines de hacer prevalecer los derechos de las víctimas para que puedan declarar en tiempo y forma", señalaron los fiscales, y en ese sentido sostuvieron: "Una medida adecuada que sugerimos, siempre ante la eventualidad de darse lo dicho, es que se aplique la modalidad procesal que permite anticipar la intervención del testigo en el proceso por razones de urgencia o peligro, con el fin de preservar pruebas para el debate".
Recordaron al respecto que si bien el instituto de la prueba anticipada apunta a la preservación de pruebas y no a la protección del testigo, "con el sentido protectorio aquí propugnado entendemos que este instituto también puede ser interpretado y aplicado para proteger y/o asistir a las víctimas testigos", remarcaron, y citaron al respecto los instrumentos internacionales que obligan a nuestro país a proteger a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En una resolución conocida a primera hora de la tarde de este viernes, el camarista Alejandro Esmoris señaló que las argumentaciones de la Fiscalía -que coinciden con las señaladas también por un programa de protección de testigos- resultaban "atendibles" y resolvió llevar a cabo la audiencia del lunes para recibir declaración a las víctimas.
El caso
El 15 de marzo de 1977, Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, con 2, 4 y 5 años de edad respectivamente, fueron sustraídos luego de ser testigos de la ejecución de su madre en manos de fuerzas de seguridad en la localidad bonaerense de San José.
Se los alojó durante más de seis años en el “Pequeño Hogar de Belén”, un instituto de menores de Banfield, a disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, que durante todo el período impidió que los familiares –su padre y una hermana de éste- conocieran su paradero, a pesar de las incesantes averiguaciones y gestiones que llevaban adelante para dar con ellos.
En los últimos meses otras dos imputadas fueron apartadas del proceso por incapacidad sobreviniente: la titular del Hogar de Belén, Dominga Vera, y la psicóloga que actuaba en el Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, María Teresa Gómez.
