'Dado los ataques infundados, sin precedentes y escandalosos contra mi persona y contra mi administración, diseñados por funcionarios de las Naciones Unidas (...) declaro y doy aviso inmediatamente, como presidente de la República de Filipinas, que Filipinas está retirando su ratificación del Estatuto de Roma con efecto inmediato', refiere en un comunicado.
La CPI viola la soberanía de Filipinas al abordar un asunto que corresponde a los tribunales del país, señaló Duterte en el documento.
A principios de febrero, la fiscal especial de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que estaba iniciando un examen preliminar de las denuncias de asesinatos extrajudiciales en Filipinas para ver si estos caen dentro de la jurisdicción de la corte y si se necesita una investigación en toda regla.
'Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales', expresó Duterte en el texto.
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional y fue adoptado en 1998. Filipinas ratificó el tratado en 2011.
La Corte Penal Internacional se estableció para investigar, enjuiciar y juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Pero esos actos también pueden ser sancionados en virtud de la legislación nacional mediante la Ley de la República 9851 o la Ley de Filipinas contra los Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, el Genocidio y Otros Delitos contra la Humanidad.
La Corte Penal Internacional solo puede intervenir cuando un Estado 'no puede o no quiere realmente llevar a cabo la investigación y enjuiciar a los perpetradores'.
Duterte impulsa en el país una guerra contra las drogas que ha causado al menos unos cuatro mil muertos, sin embargo esa política tiene la aceptación del 90 por ciento de los filipinos.
