Según declaraciones a la prensa, se ratifica que los representantes de las grandes empresas de la Argentina no difieren con las líneas fundamentales de la actual política económica, sino que buscan asegurar, como siempre lo han hecho, su máxima rentabilidad a costa del resto de los sectores de la economía.
Tras la reunión el presidente de la UIA proclamó el inicio de “nueva etapa para una Argentina que necesita ampliar mercados”, y habló de “un país más abierto al mundo” y de “trabajar en la competitividad para exportar”. Para ello, se comprometió a trabajar en las mesas sectoriales junto con el Gobierno.
Es preciso puntualizar que el actual contexto económico, generado por las políticas aperturistas y desreguladoras del Gobierno, se caracteriza por el retroceso y el estancamiento de la industria local, con un promedio de 62% por ciento de utilización de la capacidad instalada, la caída continua del mercado interno y un gigantesco déficit de la balanza comercial por la avalancha de productos importados de consumo final e intermedios, que dejan fuera de mercado a sectores productivos enteros, en particular las Pymes, las economías regionales.
En este marco, los acuerdos sectoriales apuntan a abaratar el costo del salario de los trabajadores como principal variable de ajuste. Esta dinámica puede beneficiar en principio a algunas empresas, y en particular a la economía concentrada, pero perjudica gravemente al conjunto de las Pymes: con menores ingresos de los trabajadores activos y pasivos, y una mayor precarización laboral, se provoca una continua merma del poder adquisitivo en el mercado interno, principal fuente de ingresos del 99 por ciento de las empresas del país.
Estas empresas son las que padecen en mayor medida las consecuencias del actual modelo económico: ahogo financiero y fiscal, falta de acceso y encarecimiento del crédito aumento desproporcionado de tarifas, invasión de productos extranjeros, caída en las ventas e incremento de costos por la alta inflación y las tendencias alcistas del dólar.
La mal llamada “ley mipyme” promovida por el gobierno y avalada por los sectores de las grandes empresas, demostró ya su previsible ineficacia. Por el contrario, el sector de las Pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación. Una verdadera agenda industrial y Pyme debe proponerse metas de desarrollo equitativo, lo que involucra a todos los sectores del trabajo y la producción agredidos por el actual modelo.
APYME llama a debatir políticas alternativas con un papel activo del Estado, fomento a la industria nacional, el mercado interno y las pymes y una inserción soberana en el mundo que resguarde los recursos estratégicos del país.
