Un decreto, fechado el 4 de mayo, anuncia que el Gobierno colombiano tiene la intención de crear “un instrumento jurídico” que permita intercambiar información con el Poder Judicial para dar seguimiento “a la libertad condicionada para personas privadas de libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”.
Tras referirse a la tregua, vigente entre el 1 de octubre y el 9 de enero, y que ahora las partes pretenden restablecer, Gil ha insistido en que Bogotá se ha comprometido a “adelantar un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria del ELN que permita mejorar sus condiciones”.
“Impulsar o gestionar los correctivos legislativos, administrativos o de otro tipo para hacer cumplir de la mejor manera posible (...) los compromisos derivados del cese el fuego y de hostilidades con el ELN”, ha expresado el titular colombiano en referencia a la importancia del diálogo entre ambas partes para rebajar las tensiones.
Impulsar o gestionar los correctivos legislativos, administrativos o de otro tipo para hacer cumplir de la mejor manera posible (...) los compromisos derivados el cese del fuego y de hostilidades con el ELN”, expresa el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil.
Durante la firma del referido decreto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, justificó la medida como “uno de los puntos que permitirían darle dinámica a los diálogos de paz con el ELN”.
En 2016, Santos suscribió un histórico acuerdo que condujo al desarme y la transformación del grupo guerrillero FARC en partido político bajo la denominación Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y ahora promueve un pacto similar con el ELN.
No obstante, las FARC han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de cumplimiento parte del Gobierno de Colombia con los puntos acordados en el pacto de paz.
