La propuesta fue realizada por un comité designado por el Gobierno para elaborar el informe previo al segundo Plan de Derechos Humanos, proyecto abandonado posteriormente, según fuentes diversas.
El estudio, difundido parcialmente por el diario digital Público, denuncia la desprotección de las víctimas, la insuficiencia de una Ley de Memoria Histórica y los recortes presupuestarios que impiden exhumar a las víct.imas de la dictadura.
En el documento, según Público censurado por las autoridades, los expertos estiman que aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como torturas y desapariciones forzadas, la Ley de 1977 los perdona
En opinión de la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Carmen Pérez, la legislación lastra la posibilidad de terminar con la impunidad de los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.
La experta, integrante del equipo encargado del estudio, considera que ello conspira contra la consolidación de una paz justa y duradera tras un conflicto armado y un régimen dictatorial mediante la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Según la ONU, agrega, los estados deben atender las obligaciones pertinentes y legislar para impedir violaciones de los derechos humanos e investigarlas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial.
Las víctimas deben tener acceso equitativo y efectivo a la justicia y recibir para ello recursos eficaces, incluso reparación, precisó Pérez, quien alerta que España apenas cumple estos propósitos.
La Ley de Amnistía de 1977, aseguró, perdona los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público y el ordenamiento jurídico español no garantiza el derecho a conocer la verdad.
Los expertos llaman la atención que la desaparición forzada no está siquiera tipificada como delito autónomo e instan al Estado a que asegure la investigación de todos esos casos independientemente del tiempo transcurrido.
El Comité también considera insuficiente la Ley de Memoria Histórica de 2007 por asentarse en un modelo debido al cual familiares y asociaciones de las víctimas ejercen funciones del Estado como las exhumaciones, a menudo privatizadas.
Otra consecuencia, explican, es que no existen registros oficiales y, además, el gobierno de Partido Popular anuló en 2011 el presupuesto asignado a la Ley de Memoria Histórica y provocó la casi completa paralización de las exhumaciones.
