En una manifestación con mayoría de mujeres pero con gran presencia de hombres, familias, militantes políticos, personalidades de la cultura y del espectáculo, los participantes le pusieron el cuerpo a un reclamo cuyo eje quedó plasmado en un documento que fue leído desde el escenario por el actor Juan Minujín.
"En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta", leyó el actor.
"En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma", continuó.
El documento elaborado por las organizadoras de la concentración que según la Policía Federal reunió a más 200 mil personas en la ciudad y se replicó en otras 80 de todo el país, hizo hincapié en la dimensión cultural que tiene la violencia contra las mujeres.
"El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra 'femicidio' es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos", afirma la proclama, que asegura que "el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima".
En el mismo sentido se expresó el titular de la Red Solidaria, Juan Carr, quien le dijo a Télam que "este es el apoyo del pueblo argentino que abraza a las más de 2.000 víctimas de los femicidios".
"Yo como varón vengo a pedir perdón porque somos los que matamos a las mujeres. Esto no es una protesta, acá está la gente esperando propuestas para que se termine la violencia de género", añadió.
Desde el escenario, Minujín señaló que los femicidios "no deben tratarse como problemas de seguridad", y destacó que "la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil".
Si bien reconoció como un "paso importante en la lucha contra la violencia machista" la sanción en 2009 de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, cuestionó que aún permanecen sin reglamentar algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
"En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales", destaca el documento, en el que se pide también la creación de un registro oficial de femicidios, ya que "es fundamental contar con estadísticas oficiales".
"El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas", leyó el orador, quien lamentó que en muchas jurisdicciones son las propias víctimas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías.
"Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor", continuó, y criticó que "con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional".
Entre los "puntos ineludibles" que las organizadoras consensuaron "para recorrer el camino hacia Ni una menos", figura la instrumentación total y con la asignación de presupuesto acorde de la ley 26.485 ; la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres; la apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias; y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género.
También exigieron garantías para la protección de las víctimas de violencia y garantías para su acceso a la Justicia, con atención de personal capacitado para recibir las denuncias; patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial; y la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
*Por Silvina Molina y Lucía Toninello, Agencia Telam
