“La propuesta del gobierno boliviano es que no paguemos nada”, dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, por un “trabajo (que) en Bolivia sin duda ha sido deprimente”, de acuerdo al vicepresidente Álvaro García.
Abertis recurrió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para intentar cobrar la indemnización. El tribunal abordará el asunto en audiencias de arbitraje que comenzarán el próximo lunes 14 y concluirán el viernes 18 de diciembre.
Claros argumentó que “esta empresa engañó al país; son 17 años de concesión que han tenido (…) pero ellos en 17 años sólo destinaron cinco millones de dólares”, de los 27 millones comprometidos en el desarrollo de los terminales.
Bolivia nacionalizó en febrero de 2013 las acciones que el consorcio Abertis tenía en la administración de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), los de mayor tráfico del país, tras denunciar que la firma no hizo las inversiones prometidas cuando se privatizaron los aeropuertos en 1996.
Ante esa situación, la empresa acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para reclamar el pago de unos 90 millones de dólares, monto que Bolivia no reconoce.
García insistió en que “con la (única empresa) que tenemos problemas es con esta empresa Abertis, cuyo trabajo en Bolivia, sin duda, ha sido deprimente”. La Paz llegó a acuerdos con diversas empresas extranjeras nacionalizadas, entre las más recientes la española Iberdrola.
“Hay problemas con la peor empresa. En todo caso, confiamos en que se pueda arreglar en siguientes días, pero sino nos vamos a ir a juicio”, complementó.
El próximo lunes se realizará una audiencia en el tribunal internacional, donde el Procurador General del Estado, Héctor Arce, dijo que demostrará “las irregularidades en las que incurrió esta empresa”.
El embajador español en Bolivia, Angel Vázquez, mencionó a la radio privada Erbol que “es bueno que efectivamente litigios (internacionales) se resuelvan satisfactoriamente y se eviten los conflictos y las palabras altisonantes”.
La decisión de Bolivia de nacionalizar compañías con bandera española, como la petrolera Repsol y la administradora de pensiones BBVA, provocó fricciones bilaterales.
