El organismo los considera artífices de un fraude para quedarse con los créditos de quiebra de otra firma y así cobrar 312 mil dólares por los Bonos de Absorción Monetaria (BAM), emitidos en 1982.
La emprea tiene su domicilio (foto) en la sede de una entidad, Asociación de Mujeres Argentinas (AMA), relacionada con la diputada Cornelia Schmidt- Liermann, que integra el espacio liderado por Macri
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al empresario Pablo Ricardo Gotelli por montar un fraude en la quiebra de Sebastián Badaracco, una firma unipersonal dedicada al tráfico fluvial.
La maniobra implicó la creación de una empresa fantasma radicada en Uruguay llamada Snowy Sociedad Anónima, que le permitió comprar los créditos de la quiebra de Badaracco durante los noventa y, de ese modo, la empresa off shore pudo ser considerada como acreedora por la justicia.
Pero la jugada –según los fiscales– no terminó allí porque para comprar esos créditos, originados en bonos de la dictadura, Snowy utilizó fondos que podrían ser del propio Gotelli.
La presentación, que se realizó el viernes pasado, incluyó también a los abogados de Snowy, Daniel Levinsonas y Pablo Dicugno, y “a todos los apoderados y representantes legales” de esa compañía con sede en el exterior y sin ninguna actividad comercial en la Argentina.
La firma, que en la segunda mitad de los noventa compró las deudas de varias empresas acreedoras de la quiebra de Badaracco, intentaba cobrar 312 mil dólares por los Bonos de Absorción Monetaria (BAM), que fueron emitidos por la dictadura militar en 1982.
Esos títulos fueron comprados a varias empresas. En muchos casos, esos bonos fueron parte de una maniobra de vaciamiento del Banco de Italia y Río de la Plata y se convirtieron en un instrumento para perfeccionar esa operación, como detalló Infojus Noticias en una nota publicada en julio pasado.
La publicación llamó la atención de los fiscales de la Procelac y gatilló la investigación preliminar que terminó convirtiéndose en una denuncia, tal como precisaron en la presentación judicial.
La empresa fantasma
Los bonos que reclama cobrar Snowy –o quien esté detrás de ella, según la investigación de los fiscales– nacieron con el Decreto 1.335, del 26 de noviembre de 1982, que puso en marcha los BAM. Se trató de un instrumento financiero que el Estado otorgó a los tenedores de seguros de cambio que conseguían la prórroga del acreedor externo.
Su valor estaba determinado por la diferencia entre el tipo de cambio concertado originalmente, al obtener el seguro de cambio y el nuevo tipo de cambio por la prórroga obtenida. Esos bonos no estaban representados por un título físico sino por un depósito indisponible que estaba abierto en el banco y les daba una renta semestral.
Una parte de esos títulos terminó en manos del Grupo Gotelli, que desde 1980 fue tomando el control del Banco de Italia y Río de la Plata, fundado en 1872. En torno a Gotelli surgieron otras empresas que conformaron un conglomerado económico, y que luego tomó créditos del Banco de Italia. Esos préstamos, que fueron recomprados por firmas del mismo grupo, estaban garantizados por BAM. Así se llegó a la quiebra del grupo.
Snowy compró deuda por 311.893 dólares y se presentó ante el juez comercial Hernán Papa. Pero la compañía reunía los condimentos de una empresa fantasma, como señaló esta agencia y también comprobaron los fiscales: un directorio integrado por accionistas que dirigen un centenar de compañías, sede en Panamá, oficinas en Uruguay y el domicilio de la sucursal argentina que está en una casa de familia.
“No sé qué es Snowy SA. Nunca recibí correspondencia a su nombre y lo sé porque la correspondencia la retiro yo”, dijo Mercedes Moreno Klappenbach ante los fiscales de la Procelac que le tomaron declaración testimonial durante la investigación previa a presentar la denuncia. Sucede que en la casa de Moreno Klappenbach se había radicado la sede de Snowy, según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires del 17 de noviembre de 2008. Allí también se dejó constancia que el representante legal de la compañía era el sobrino de Moreno Klappenbach: el escribano Nicanor Moreno Crotto, del estudio Moreno Crotto Abogados.
Inconsistencias
Entre los “indicios de ilegalidad” que encontraron los fiscales de la Procelac en la denuncia que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 34, se encuentran las conclusiones de un informe del Banco Central: CUIT inactiva, sus accionistas (Julio Carlevaro Carbo y José Ismael Feo Scarsi) integran los directorios de 127 empresas diferentes con sede en Panamá y el domicilio de Snowy en Montevideo (Juncal 1355 apartamento 907) es el mismo usado por dos empresas mencionadas por la Comisión Permanente sobre Lavado de Dinero del Senado de Estados Unidos, vinculadas a los bancos Federal Bank LTD y American Exchange. También llamó la atención a los investigadores que, en 2009, se registró ante la AFIP como una empresa dedicada a la “venta al por mayor de prendas de vestir” pero, en 2013, se convirtió en una firma de “servicios personales NCP”.
“No se le asigna ningún capital a la sucursal argentina para desenvolverse, por lo tanto se podría inferir que los socios efectúan giros de fondos desde el exterior para su desenvolvimiento (honorarios del representante legal, gastos societarios, honorarios del escribano actuante, erogaciones por tener sede permanente, trámites diversos, movilidad, honorarios y gastos del letrado actuante en el trámite de la quiebra de Sebastián Badaracco, etc)”, advirtió el contador Omar Milano en el informe del Banco Central, y continúa: “Sin embargo no surgen movimiento de transferencias o giros en el Registro de Información de Operaciones Cambiarias (RIOC) a nombre de Snowy SA, lo cual pone en tela de juicio la forma de obtener fondos para afrontar estos movimientos dinerarios”.
El testaferro
Para los investigadores de la Procelac, existe vinculación entre Gotelli y Snowy y esa empresa “está controlada por personas interpuestas” y “el objeto oculto de su constitución es uno ilícito, tendiente a que el nombrado (Gotelli) se haga de los BAM, único activo de la quiebra Badaracco SA y conseguir de tal forma un crédito dinerario”.
Después de detallar las compras que hizo Snowy de las deudas de Badaracco con distintas empresas, los fiscales afirmaron: “Gotelli a través de la sociedad pantalla, Snowy SA, desembolsó una suma aproximada a los 181.581 dólares y de 960.110 pesos para hacerse de diferentes créditos contra la firma Sebastián Badaracco SA”.
“La subrogación de Gotelli en los derechos de los acreedores de la quiebra de Sebastian Baradacco, ineludiblemente, perjudicó a los acreedores de su propia quiebra ya que utilizó los activos no declarados a la masa concursal, para la obtención de créditos en el marco de la quiebra de Ricardo Pablo Gotelli como en la de Sebastián Baradacco S.A., cuya percepción resultará en un beneficio exclusivo del cual sus propios acreedores, quedarán exentos”, agregaron.
