Lo acusan de encubrir las salvajes vejaciones contra Carlos Adrián Soto, un ciudadano boliviano, quien tras la primera sentencia fue agredido por desconocidos y poco después apareció muerto en su casa.
El Superior Tribunal de Justicia anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio oral y público para Roberto Ignacio Márquez, un policía de Puerto Madryn acusado de encubrimiento agravado por el caso de Carlos Adrián Soto, un ciudadano boliviano que fue detenido ilegalmente y brutalmente golpeado en la Comisaría 2ª de la ciudad del Golfo.
El caso ocurrió la noche del 24 de agosto de 2010, cuando Soto caminaba por la ciudad y fue interceptado por tres oficiales que bajaron de un patrullero con sus rostros cubiertos y lo esposaron.
Luego, lo subieron al asiento trasero y lo trasladaron a la Comisaría, donde lo agradieron a patadas, trompadas, cachetazos y bastonazos. Tiempo después, lo llevaron a un predio cercano al puerto Almirante Storni, y lo hicieron bajar del vehículo. Allí, le arrojaron gas pimienta en los ojos y lo dejaron tirado.
Soto sufrió fracturas costales y neumotórax bilateral por lo que quedó internado en Terapia Intensiva del Sanatorio de la Ciudad. Según declaró, cuando lo dejaron casi inconsciente, uno de los policías dijo antes de subir al patrullero: “Dejálo, dejálo que se muera el bolita”.
Por estos hechos, en agosto de 2013, fueron condenados el sargento Elvio Segundo Salinas (un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial) y la agente Nadia María Cao (dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación). Los otros policías intervinientes no se pudieron identificar.
En este primer juicio, Márquez -que fue quien abrió el portón trasero a pedido del patrullero que llevaba a Soto- resultó absuelto. La víctima lo reconoció porque era pareja de una vecina suya y lo identificó como uno de los policías que no le pegó pero que vio las agresiones de uniformados encapuchados en el patio.
Según publicó el diario Jornada de Chubut, esta decisión la impugnaron los querellantes Alejandrina Molina y Emigdio Soto Espinoza y fue recientemente avalada por los ministros Jorge Pfleger, Alejandro Panizzi y Daniel Rebagliati Russell, quienes pidieron un nuevo juicio.
Según consideraron, la privación ilegítima de la libertad y las vejaciones son un “delito permanente” por lo que lo que vio Márquez ya era un delito consumado. No lo denunció y por ende, puede haber encubrimiento. La Sala Penal consideró arbitrario el fallo de Castro.
Víctima fatal
Lo lamentable de este caso, es que Soto no podrá alegrarse por la implicación de este agente como encubridor de las torturas que sufrió.
Es que dos días después de la sentencia del juicio, que se leyó en agosto de 2013, el hombre de 41 años fue de nuevo fue agredido por tres personas no identificadas que además le robaron la ropa.
“Me robaron la campera, un vaquero, un cinto y 50 pesos que tenía en el bolsillo”, denunció la víctima, que de nuevo terminó en el hospital desfigurado por los golpes. Un par de días después sus padres lo hallaron muerto en su cama.
