En octubre de 1947, varios escuadrones de Gendarmería Nacional se movilizaron por orden del Ministerio de Guerra para reprimir a cientos de personas que se encontraban reunidas en el paraje de La Bomba cerca de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa.
Los primeros fusilamientos comenzaron la tarde del 10 de octubre y con el correr de los días la represión se convirtió en masacre y se extendió hasta fin de mes abarcando cientos de kilómetros cuadrados.
El 16 de octubre un avión Junker despegó de la base militar de El Palomar en Buenos Aires co-pilotado por Carlos Smachetti, el único procesado vivo en el marco de la causa por crímenes de lesa humanidad contra el Estado Nacional argentino.
La burocracia judicial ha ralentado diez años un juicio que parecía inapelable. Fueron y vinieron kilos de papeles desde Formosa a Resistencia y de vuelta a Formosa decenas de veces mientras los sobrevivientes morían ancianos.
La causa civil iniciada por dos abogados chaqueños derivó en una causa penal promovida por la fiscalía de Formosa con Horacio Rodríguez y Arístides Norberto Bedoya como los principales impulsores.
La Liga de los Derechos del Hombre representada por Luis Zapiola se sumó a la causa penal contra Leandro Santos Costas, un gendarme retirado que murió antes de ser indagado, y Carlos Smachetti, copiloto que sobrevoló Formosa con una ametralladora Colt por orden del Ministerio de Guerra y Marina.
“Esta causa es nuestra. Es de todo el pueblo pilagá”, dice Bartolo Fernández presidente de la Federación, para comenzar a explicar que ya en el año 2011 los abogados Carlos Díaz y Julio García dejaron de contactar a las víctimas, sus hijos y a la Federación de quienes eran apoderados, y entonces los dirigentes iniciaron un largo periplo visitando en Buenos Aires a distintas organizaciones de DDHH y ONG´s en busca de asesoramiento jurídico, sin grandes resultados.
Al contrario de los que las víctimas y sus hijos imaginaron, la Masacre de La Bomba no generó ningún interés en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo dos organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos -de la mano de Nilda Eloy- y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) -de Adolfo Perez Esquivel- acompañaron a la Federación Pilagá, pero con la imposibilidad de asistirlos jurídicamente.
El año pasado Díaz y García dejaron vencer el plazo de pedido de elevación a juicio oral y fue entonces cuando la Federación y los sobrevivientes decidieron poner fin al a relación con los abogados e iniciar un nuevo camino.
El pasado lunes 3 de octubre -a pocos días de cumplirse sesenta y nueve años de la masacre de 1947-, Bartolo Fernández, presidente de la Federación, Noole Cipriana Palomo, representante del consejo de mujeres, junto al secretario Tomas Domínguez y la abogada Paula Alvarado concretaron el primer encuentro con el juez subrogante Juan Carlos Vallejos en el Juzgado N°1 de Formosa y se informaron de los avances del expediente.
Como todos años, el próximo lunes 10 de octubre se realizará el acto en homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. En esta oportunidad el encuentro está pautado para las 18 en la Comunidad de Oñedié, ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Las Lomitas, Formosa.
Una vez más, el Pueblo Pilagá mantedrá viva la memoria de una de las masacres más crueles de la historia argentina que, 69 años después, sigue esperando justicia.
*Por Valeria Mapelman: Documentalista, directora de “Octubre Pilagá”, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.
*En la foto: Juez subrogante Juan Carlos Vallejos; Bartolo Fernández, Noole Cipriana Palomo y Tomas Domínguez, de la Federación Pilagá, junto a la abogada Paula Alvarado.
