De esta forma, el tribunal de apelación, integrado por los jueces Juan Carlos Gemignani ,Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, entendió que la continuidad de estos funcionarios judiciales en el caso comprometía "las garantías de imparcialidad".
Los abogados defensores de la mayoría de los imputados, incluidos el ex juez federal Arturo Liendo Roca y el coronel (RE) Cayetano José Fiorini –quienes fallecieron hace dos semanas-- denunciaron que los integrantes del TOF fueron querellantes en otras causas por delitos de lesa humanidad y que habrían pertenecido al ERP.
"Los motivos del apartamiento solicitado analizados de forma integral y global permiten concluir partes y en la sociedad dudas razonables acerca de la imparcialidad del tribunal recusado", sostiene el fallo que emitió al respecto la Sala IV.
Durante la mayoría de las audiencias, que se iniciaron el 22 de agosto pasado, el abogado Facundo Maggio, defensor del ex juez federal Olmedo De Arzuaga y Fiorini, había denunciado que la suspensión del juicio "era la única alternativa posible para llegar a una sentencia justa".
"Si los jueces recusados hubieran tramitado los planteos en tiempo y forma, hoy no estaríamos en esta situación y en un desgaste evitable", sostuvo el letrado.
Tras la suspensión del proceso oral y el apartamiento de los magistrados federales, se deberá ahora designar a los nuevos integrantes de un nuevo Tribunal Oral Federal.
Los magistrados que sean nombrados deberán a juzgar a los 12 imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 víctimas, antes y durante la última dictadura militar. En todos los casos, los militares y policías acusados llegaron al juicio oral procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes una "asociación ilícita".
Entre las víctimas, el TOF investiga las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi,Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad. Entre los acusados se encuentra el comisario Antonio Musa Azar, que cumple cuatro condenadas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y el doble crimen de La Dársena por los asesinatos de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, cometidos en febrero del 2003 durante el gobierno constitucional de "Nina" de Juárez.
La Sala VI emitió esta resolución tras una audiencia realizada hoy, en la cual se analizaron 14 incidentes de recusación interpuestas por diferentes defensas.
Por su parte, Luis Garay, titular de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero cuestionó la decisión de esta Sala, al afirmar que con este fallo "se busca la impunidad".
"Con este fallo no se pretende garantizar la imparcialidad sino asegurar la impunidad en esta causa", remarcó Garay, que encabeza una entidad que querella en varias causas de lesa humanidad.
