El juez de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, Enrique Arias Gilbert, consideró que los fallos de un juez “no pueden ser motivo de denuncia” por parte del Poder Ejecutivo porque se estaría poniendo en riesgo “la división de poderes”, y sostuvo que en sus 28 años de magistrado dictó resoluciones que “no le gustaron al gobierno de Menem, ni al de De la Rúa, ni al de Duhalde, ni al de Kirchner”.
En referencia a la denuncia presentada ayer por el ministerio de Trabajo en contra suyo y de la jueza Graciela Marino por “mal desempeño”, Arias Gilbert expresó que “los jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, porque pueden producir la desaparición de la división de poderes. Una opinión de un juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento”, dijo Arias Gilbert a radio 10 respecto de su aval y el de Marino a la paritaria bancaria.
Arias Gilbert recordó que es juez desde 1989 y que “nunca ocurrió algo así en democracia”.
El ministerio de Trabajo presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, ambos de la Cámara Nacional del Trabajo.
La denuncia será sorteada el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que preside el diputado Pablo Tonelli, para que un consejero de esa comisión instruya el expediente y presente al plenario un pedido de avanzar con el pedido de juicio político, o con la desestimación de la denuncia.
Si bien la denuncia “técnicamente tiene chances de prosperar”, es posible que termine en una mera sanción debido la posición que se descuenta tomarán los jueces que integran la comisión, que por una cuestión jurisdiccional seguramente votarán en contra o se abstendrán, dijeron a Télam fuentes del Consejo.
La Comisión de Disciplina y Acusación está integrada por Miguel Piedecasas (abogado), Angel Rozas (senador UCR), Luis María Cabral (juez), Jorge Candis (académico), Ruperto Godoy (senador FpV), Leónidas Moldes (juez), Juan Bautista Mahíques (representante del Poder Ejecutivo) y Gustavo Valdés (diputado UCR).
Según consta en la denuncia presentada ayer en el edificio de Libertad 731, el ministerio de Trabajo entendió que los camaristas incurrieron en “mal desempeño” de sus funciones de magistrado, y expresaron en su fallo “falta de idoneidad” y “negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución.
Según la cartera laboral, los camaristas le dieen sus 28 años de magistrado dictó resoluciones que “no le gustaron al gobierno de Menem, ni al de De la Rúa, ni al de Duhalde, ni al de Kirchner”.ron la razón al gremio e instaron a pagar el preacuerdo a las cámaras empresarias, pero además le exigieron al Poder Ejecutivo Nacional “no interferir”, potestad que fue defendida por el ministerio que recordó que es quien “homologa” los acuerdos paritarios.
“El derecho a las paritarias no es de la Justicia, ni del ministerio, es de las organizaciones sindicales y empleadores para llegar a un acuerdo, lo que no quiere decir que el Estado no participe”, explicó el camarista.
Arias Gilbert dijo además que el Ministerio de Trabajo incurrió en “un caso serio de dislexia, de dificultad en la comprensión de textos”, y sentenció: “Creo que estos muchachos no saben leer”.
Comparó su caso con el de un diputado al que se le decida hacer jury por “algo que dijo en la Cámara”, y se preguntó cómo era posible que “porque uno dice lo que no le gusta al ministro de Trabajo, se inicie un proceso de enjuiciamiento”.
