Entre el 2015 y el 2016, un 8% del total de inquilinos, correspondientes a habitantes de menos ingresos dejo de alquilar en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras que en 2015, 14.092 hogares inquilinos correspondían al primer decil de ingresos, esa cantidad se redujo a 9.585 en 2016. En el segundo y el tercer decil, la cantidad de hogares inquilinos disminuyeron de 27.821 a 4.266 y 15.254 a 14.367 respectivamente. Finalmente, mientras que en 2015, 16% de los hogares inquilinos pertenecían al 30% más pobre, en el 2016 solo alcanzaban el 8,61%.
Paralelamente, se experimentó un incremento en el número de inquilinos en el GBA que no tenía precedente en años anteriores. Entre 2015 y 2016 la cantidad se incrementó un 9,33% (31.435 nuevos hogares inquilinos). El número absoluto es muy similar a la cantidad de inquilinos de los primeros tres deciles que abandonaron la Ciudad de Buenos Aires: 28.949 hogares.
Este resultado es consistente con la tesis de ciudad expulsiva: es la Ciudad más rica del país descarga en momentos de recesión económica los problemas habitacionales sobre los municipios del GBA. Los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, que son aquellos que mayor demanda generan sobre los sistemas de salud, educación, y otros servicios del estado en general son incitados a moverse a un distrito con peores condiciones materiales para dar respuesta a estas demandas.
La dinámica de la Ciudad expulsiva opera a través de un mercado de alquileres completamente regido por el libre mercado; con alquileres que aumentan al ritmo de la inflación, en un contexto de salarios que pierden poder adquisitivo, y donde los inquilinos de menores ingresos no pueden hacer frente al costo del alquiler de la vivienda.
Este proceso de expulsión, se complementa con un aumento de los precios de los alquileres y una mayor transferencia de renta desde los inquilinos a los dueños de las propiedades. En el segundo trimestre del 2015, del total de la renta generada por los hogares inquilinos, el 33% estaba destinada al pago de alquileres. En 2016, ese porcentaje se incrementó al 42%. Asimismo, mientras que el ingreso per cápita promedio de los hogares inquilinos aumentó solamente 12%, el costo del alquiler promedio lo hizo en un 33%.
El precio del alquiler representa un porcentaje muy relevante del ingreso familiar, que no está incluido en la canasta básica de manera completa. Si se clasifica a la población en relación a las líneas de pobreza e indigencia (o sea por ingreso), quedan fuera de esos universos un gran número de hogares que de manera objetiva tienen muchas dificultades para hacer frente a los gastos básicos, pero que sin embargo no son pobres. Un simple cálculo, muestra que, si se considera la suma del gasto alimentario de los hogares, el de un alquiler mínimo y el gasto por expensas, el 15,1% de los hogares tienen ingresos que no superan esa suma de gastos.
Es decir, del total de hogares inquilinos, existe un 9,1% de hogares que no son pobres según la clasificación de ingresos, pero sin embargo tienen ingresos insuficientes para afrontar dicho gasto.
Las estadistas de precios subestiman el peso del alquiler en los hogares inquilinos. Si comparamos alquiler/ingreso total familiar se observan relaciones por encima del 30% en todo el periodo 2011-2016 y que incluso llegan a superar el 60% para el caso de hogares de 3 ambientes en 2012, pero los guarismos que se utilizan para el cálculo de canastas de consumo para los hogares inquilinos son mucho menores.
Para la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, una familia tipo (lo que denominan “Hogar 5bis”) en abril de 2016 gastaba $ 3.526,92 en el alquiler. Para la misma dirección, para ese mismo período, ese valor apenas alcanzaba para cubrir un monoambiente de 30m2 en Mataderos, muy por debajo de un dos ambientes de 43m2 en el barrio más barato de la ciudad. Para febrero 2017, la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA ya no publica la canasta de consumo del “Hogar 5 bis”. Sin embargo, si se compara los hogares 4 y 5 (pareja de un varón y una mujer de 25 años de edad, sin hijos, con y sin propiedad de la vivienda respectivamente), encontramos que, para febrero de 2017, el gobierno calcula que la pareja inquilina tiene una Canasta Básica Total apenas $1.511 mayor que la propietaria. Con ese valor, no es posible alquilar ninguna vivienda en la ciudad.
