“Se va destapando la guerra sucia económica contra el 1-O. Iremos hasta el final para saber quién y cómo decidió jugar a la crisis financiera para salvar la unidad de España”, ha tuiteado este sábado el vicepresidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, en alusión a una publicación del día anterior del diario barcelonés Ara.
En esta, se afirmaba que, en el día posterior al referéndum independentista del 1 de octubre del año pasado, el Gobierno central español dio “órdenes políticas” a varios organismos para que retiraran del Banco Sabadell y de CaixaBank, ambos radicados en Cataluña, cerca de 12 000 millones de euros en total.
La medida de Madrid contribuyó a crear una ola de retiradas de efectivo de ambos bancos de hasta 35 000 millones de euros, añade el rotativo, vinculándolo con pérdidas en bolsa de en torno al 10 %. Cerca del 80 % de los fondos retirados volvieron a las entidades tras trasladar estas sus sedes sociales a Valencia (CaixaBank) y Alicante (Sabadell), en el este del país.
En un tuit anterior, el presidente autonómico catalán, Joaquim ‘Quim’ Torra, tachó el viernes la publicación de Ara de “escándalo gravísimo”. “El Estado utilizó todos los medios a su disposición para abatir una causa justa, pacífica y democrática. ¡Incluso desestabilizar la economía! Exigiremos todas las explicaciones e investigaciones que haga falta. Y depurar responsabilidades”, escribió Torra.
En el mismo sentido, la alcaldesa de Barcelona (capital autonómica de Cataluña), Ada Colau, ha pedido este sábado en una rueda de prensa “transparencia y explicaciones” al Gobierno central. “La ciudadanía merece conocer todos los hechos y saber la verdad”, ha añadido.
Con todo, Colau ha señalado que los “actores económicos que hicieron movimientos” después del 1-O han explicado que los hicieron por “una cuestión jurídica” derivada de la “inseguridad” provocada por la declaración unilateral de independencia del día 27 de octubre, recoge el diario español La Vanguardia.
La revelación se hace en un momento de tensión interna en el campo secesionista por la suspensión del mandato de los diputados autonómicos encarcelados o huidos al extranjero. Este sábado, la organización Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha lanzado un ultimátum a la Generalitat para fijar una estrategia “hacia la república” antes del 21 de diciembre o “dar un paso al costado”.
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