La materia prima que se extrae de la mina, y que hasta ahora se procesaba en Argentina, será exportada en bruto a otros países con mejores condiciones de explotación y menores costos. Denuncian al gobernador Gerardo Morales por abandono y complicidad con la empresa.
Hasta el 28 de diciembre Esteban Velázquez trabajó en “el corazón” de la Fundición Aguilar. Estaba a cargo del horno BBU, el más importante de toda la planta. A ese puesto sólo accedían los mejores. “Era como un premio para nosotros estar ahí”, relató a Nuestras Voces. Sin embargo, ese día, cuando tenían que tomarse las vacaciones, él y otros 112 operarios se enteraron que ya no volverían a ingresar. La empresa Glencore XStrata, —también dueña de Mina Aguilar S.A.—, presentó en la Secretaría de Trabajo de la Nación un proceso preventivo de crisis y anunció que cerraba sus puertas. Si se cuentan los administrativos, son 150 los puestos directos que se pierden, y si se suma además a los tercerizados, llegan a 200 las personas que se han quedado sin empleo en la ciudad de Palpalá, en Jujuy, donde las perspectivas de conseguir otra fuente de ingresos son nulas. La materia prima que se extrae de la mina será exportada para que la procesen en otros países con mayores condiciones de explotación y menores costos. Según el Secretario General de la UOM Jujuy, Froilan Peloc, el gobernador Gerardo Morales se negó a recibirlos. Después de un mes de lucha, el miércoles 30 de enero se confirmaron todos los despidos.
La Fundición Aguilar se inauguró hace 20 años. En ese entonces los primeros trabajadores, Esteban entre ellos, pusieron de su esfuerzo personal para levantar la fábrica. “Estábamos desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Pero para nosotros era un orgullo. Nosotros la levantamos. Había que hacer horas extras y colaborar para que la planta salga adelante. Y cuando empezó a funcionar estábamos contentos porque le daba de comer a toda la familia”, contó.
De Mina Aguilar S.A. se extrae plomo, plata y zinc. Este último material se procesaba en ArZinc, una planta que empleaba a alrededor de 400 personas en la ciudad de Rosario, también propiedad de Glencore y que era además la única fabricante de ácido sulfúrico y zinc electrolítico en el mundo junto a otras dos de Brasil y una en España, según consignó en la época del cierre el diario La Capital. El 25 de febrero de 2016 la empresa bajó sus persianas.
En la Fundición ubicada en Palpalá procesaban el plomo y la plata. Al horno BBU, según explicó Velázquez, ingresaba el material que se extraía de la mina y salía el plomo en forma de metal. De ahí pasaba a otro sector para ser refinado y separarlo de la plata – que según los trabajadores tiene uno de los estándares más altos del país: 99,98 de pureza–. Esta es la única planta en la Argentina que podía realizar ese proceso. Según Peloc, la empresa reconoció al momento de presentar el Proceso Preventivo de Crisis, que la producción de la fábrica era de 20 mil toneladas de plomo anuales. El precio actual del metal es de alrededor de 2100 dólares la tonelada. Resulta difícil pensar que sea poco rentable una facturación de casi 42 millones de dólares anuales cuando los costos en el país son en pesos. Sin embargo, a partir del cierre, la empresa exportará los recursos naturales argentinos en bruto, para que sean procesados en otro país y con trabajadores expuestos a mayores niveles de explotación. Desde la Secretaría de Minería de la provincia de Jujuy no respondieron las consultas de este medio respecto a las políticas públicas del gobierno para evitar que se exporten los recursos naturales sin que se les de valor agregado en nuestro país.
“La Mina va a seguir trabajando”, aseguró Guillermo Tito, uno de los despedidos. “Glencore tiene empresas en todo el mundo y lo que va a hacer es cargar el mineral y llevárselo a otro país donde las condiciones laborales son las que ellos buscan: trabajos miserables y un gobierno que les perdone los impuestos”, señaló. Y explicó que entre los argumentos que mencionaron los empresarios a la hora de justificar el cierre es el impuesto a la exportación que impuso el gobierno de Mauricio Macri a través del cual tienen que pagar 3 pesos por cada dólar y la caída del precio del plomo a nivel internacional. Respecto a este último punto, Luis Tinte, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) a nivel provincial expresó: “más allá que hayan caído los precios, todos los metales que producimos en la actividad minera están cotizados en dólares. Entonces con la devaluación que tuvimos no entendemos de qué manera puede impactar en fábricas como esta”.
De Mina Aguilar hasta el año pasado extraían alrededor de 36 mil toneladas de materia prima en bruto, según explicó a este medio René Trejo, Secretario General de la AOMA seccional Aguilar. Pero desde el año pasado la empresa inició un proceso de retiros voluntarios. El objetivo, según los trabajadores, era desvincular a 200 mineros. “Nos enteramos por terceros que los empresarios conversaban con el gobierno de (Gerardo) Morales y andaban diciendo que la Mina era poco rentable”. Según Trejo sólo 45 aceptaron la oferta y en una asamblea los trabajadores resolvieron no aceptar más retiros voluntarios ni despidos. Además, Trejo denunció que de manera deliberada los directivos estaban buscando que merme la producción. En la actualidad, según Trejo, extraen de la mina 28 mil toneladas mensuales. Con el cierre de ArZinc y ahora de Fundición Aguilar no hay ninguna otra fábrica en condiciones de procesar el material en el país.
El acuerdo rubricado esta semana y que está a la espera de ser homologado, establece que la empresa abonará el 100 por ciento de indemnización, que no es ni más ni menos que lo que corresponde; que garantizarán a los trabajadores tres meses extra de obra social y que los despedidos recibirán durante seis meses un fondo de desempleo equivalente a la mitad del salario, en un contexto de alta inflación y tarifazos. Con el aval del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, ahora Secretaría, la empresa condicionó a los trabajadores a incorporarlos en el Programa Nacional de Promoción de Empleo sólo si firmaban su desvinculación. Pero los despedidos no tienen perspectivas en ese programa y mucho menos después de conocerse los datos oficiales que revelan que entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018 se perdieron 172 mil puestos de trabajo.
Si bien desde la UOM Jujuy aseguran que el acuerdo que firmaron con la empresa es el mejor que se podría haber obtenido y que los trabajadores lo ratificaron por mayoría en una votación secreta, algunos de los despedidos denunciaron la complicidad de la UOM con la empresa y el gobierno. “El lunes Abel Furlán –secretario de Organización del gremio a nivel nacional– vino con una abogada y nos dijeron que si no firmábamos antes del 31 en lugar de recibir el 100 % de la indemnización, sólo nos darían la mitad”, denunció Tito, que aseguró que la preocupación principal de los trabajadores era mantener la fuente de empleo. “Ellos hicieron todo para que nosotros pensemos en la plata y no en la fuente de trabajo. En Palpalá no hay trabajo. Esta era la única empresa en la que todos querían prestar servicios porque a pesar que no era el gran salario, pagaban al día. Y muchas de las otras empresas que están en el Parque Industrial de Palpalá no cumplen con las medidas de seguridad, o no cobran en tiempo y forma. En una empresa al lado nuestro cobraron el aguinaldo de junio recién en noviembre. En otra empresa, no les pagaron las vacaciones. Y a los compañeros que estaban pidiendo una mejora salarial los agarró el gerente y les dijo lisa y llanamente que en cualquier momento le llegan 128 currículums y que no va a dudar en contratarnos a nosotros. Entonces lo que pasó acá también es un apriete para todo el resto de los trabajadores”, reclamó.
“Según la empresa, no le cierran los números. No hay otra empresa en el país que pueda fundir el plomo como lo hacía Fundición Aguilar”, dijo en diálogo con Nuestras Voces Peloc. Ante la consulta de la posición del gremio frente al cierre de la empresa y la exportación de los recursos naturales para que sean explotados en otros países, el Secretario General de la seccional Jujuy aseguró: “Siempre ha sido de total rechazo a estas medidas del sector empresarial. Nosotros sabemos que toda empresa que se instala, ya sea en una ciudad o una provincia vienen para exprimir todo lo que hay de recursos minerales y a los mismos trabajadores. Y cuando no les cierran los números se van, sin importarle nada, como quedó la parte física, cómo abusaron de los recursos naturales de la provincia, pero esto no pasa por decisiones del gremio sino de los gobiernos que están en la actualidad que toman las decisiones en cuanto al tema de proteger o resguardar los recursos naturales de la provincia y a los trabajadores”.
En el mismo sentido, Velázquez señaló que en la ciudad “están cerrando fábricas y la posibilidad que tenemos de conseguir trabajo, sumado a las enfermedades en los huesos o el plomo en la sangre hacen que las perspectivas sean nulas. El gobierno hizo oídos sordos”, reclamó. Problemas lumbares, cervicales, auditivos y visuales son otras de los trastornos en la salud que sufren los trabajadores de la actividad.
Si bien el gobierno provincial se comprometió a darle prioridad a los despedidos en futuras búsquedas de mano de obra, Tinte puso en duda esa promesa. “En el emprendimiento de Chinchillas se realizaron entre 300 y 400 entrevistas y sólo emplearon a 180 personas. En las áreas donde se encuentran asentados los demás proyectos mineros también hay mucha necesidad de trabajo, entonces vemos difícil que empleen a trabajadores de otras zonas alejadas cuando hay tanta demanda en la propia región”, explicó.
Frente a las promesas del gobierno nacional y provincial, lo único certero es que cada vez cierran más fábricas, que los trabajadores quedan a la deriva, y que no se ejerce ningún control sobre los recursos naturales ni se desarrollan políticas públicas para generar valor agregado en el propio territorio.
Por Sabrina Roth, Nuestra Voces, Para Reporte Sur desde Jujuy
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