La coalición progresista valenciana recurrió ante el TC la negativa de la Mesa del Congreso (órgano rector de la Cámara Baja) a analizar una proposición de ley registrada en julio pasado, mediante la cual buscaba mejorar la transparencia de la institución monárquica.
Con su iniciativa, Compromís pidió que esa instancia legislativa fiscalice las cuentas de la realeza y que tanto el jefe del Estado (el rey Felipe VI) como los miembros de la Familia Real tengan que hacer una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.
El partido decidió registrar su propuesta tras el escándalo que, en su opinión, supusieron las revelaciones sobre presuntos negocios turbios realizados por el rey emérito Juan Carlos I.
La tormenta se desató a principios de julio de 2018, cuando dos diarios digitales de corte conservador publicaron unas grabaciones de audio atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a la que la prensa española identificó como examante de Juan Carlos.
En esas grabaciones, la aristócrata alemana reveló que Juan Carlos de Borbón tiene cuentas bancarias en Suiza y que en ocasiones la utilizó a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el exterior.
Entre los supuestos delitos cometidos por el padre del actual monarca Felipe VI, estarían sucesivas acciones para blanquear dinero y bienes en el extranjero, según denunció en su momento el partido Izquierda Unida (IU).
Detrás de los datos develados por 'la amiga especial' del otrora jefe de Estado, figuran también que ocultó patrimonio y propiedades en países como Marruecos y supuestamente recibió comisiones por obras realizadas por empresas españolas en el exterior, indicó IU.
'En la medida en que la institución monárquica tenga transparencia y pueda dilucidar todas las sombras que se han cernido sobre ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene', argumentó en julio su portavoz parlamentario, Joan Baldoví.
Sin embargo, la Mesa del Congreso, con los votos de la derecha y del Partido Socialista Obrero Español, vetó la tramitación de la proposición de ley.
El órgano rector del Congreso se acogió a su doctrina tradicional de que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del rey y reconoce su autonomía para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario.
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